Peregrina para poder vacunar a su hijo
LEÓN. Tres meses Luz tuvo que peregrinar para conseguir la vacuna contra el rotavirus para su bebé, que nació en septiembre de 2019 en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del cual ella es derechohabiente y que debía hacerse cargo de sus vacunas. El rotavirus es la principal causa de infecciones gastrointestinales y diarreas graves entre niños recién nacidos hasta 5 años. La vacuna es parte del esquema básico y debe aplicarse a los 2, 4 y 6 meses.
Sin embargo, el bebé de Luz recibió su primera dosis con unas semanas de retraso, pues le tocaba en noviembre de 2019, pero el IMSS le suministró el fármaco hasta diciembre.
La segunda dosis debía recibirla entre enero y febrero de 2020. Acudió tres veces a su clínica del Seguro Social y en todas le informaron que no había. Luz decidió buscarla por sus propios medios y fue hasta mayo que la encontró.
El desabasto de vacunas básicas en 2020 empezó a reflejarse en los primeros meses de este año. En el Hospital Pediátrico de León, dependiente de la Secretaría de Salud de Guanajuato, si hay vacunas, pero aumentaron los casos de enfermedad por rotavirus en menores.
de vacunas en 2020 empezó a reflejarse en los primeros meses de este año
CDMX. Dentro del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) existe un equipo que tiene a su cargo la compra concentrada de medicamentos en el país y decide sobre la construcción del nuevo sistema de salud universal para los mexicanos. Se conforma de antropólogos, guardaespaldas, arquitectos, empresarios inmobiliarios, estudiosos del voto y hombres cercanos a los banqueros del país.
En un grupo de alrededor de 20 funcionarios de primer nivel dentro del Insabi, hay al menos nueve que han seguido desde su estado natal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les conoce como Grupo Tabasco.
“El problema real es que existe más un dejo político que técnico en la integración de quienes encabezan el instituto”, asegura Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo Cero Desabasto.
Malaquías López, quien se desempeñó como director general de Planeación y Desarrollo en Salud en la administración pasada, consideró que lo que hasta ahora ocurre en el Insabi, a más de 16 meses de iniciar operaciones, sigue siendo “una ocurrencia”.
“Llegaron con ideas pero no con proyecto. Mi percepción es que fue una ocurrencia y al generarse lo que se buscó fue lealtad, no competencia, y se trajo gente que no tiene idea de lo que se requiere en términos de salud”.
Lo que se observa en el Insabi es que “se buscó lealtad y no competencia. Se trajo a gente que no tiene idea de lo que se requiere en términos de salud”, criticó.
De manera similar a como ha operado por décadas en la política el Grupo Atlacomulco en el Estado de México, sin una organización formal, el Grupo Tabasco se ha incrustado en el sector salud, concretamente en el Insabi.
Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien ocupa la dirección general del instituto, tiene una maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos en la Universidad Olmeca de Villahermosa. Desde los años ochenta ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco o en Chiapas, en la zona de Palenque.
En aquellos años Ferrer coincidió López Obrador cuando el
MILLONES 184 MIL PESOS
fueron el valor de los 7 contratos que logró la plataforma MexicoLeaks mandatario era coordinador regional del Instituto Nacional Indigenista.
Además de Ferrer, el Grupo Tabasco está integrado por los titulares de las unidades de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud, de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico y de Administración y Finanzas, así como de los coordinadores y directores de esas áreas.
En el área administrativa y de finanzas se encuentra Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, un español que por años se desempeñó como consultor de finanzas pero que en la administración de Arturo Núñez llegó a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco.
Bajo la dirección de Lamoyi se encuentran dos cercanos colaboradores de Ferrer, Irma Navarro Herrera y Luis Alberto Gamboa Arriaga, quienes desarrollaron su trayectoria laboral previa en el INAH en Chiapas.
En el grupo también figuran Carlos Sánchez Meneses (arquitecto) y Alejandro Antonio Calderón Alipi, quienes formaban parte de la “Ayudantía Civil” del presidente López Obrador a partir del 1 de diciembre de 2018, es decir, del grupo que respaldó a los guardias presidenciales y realizaban labores de seguridad y guardaespaldas.
La plataforma MexicoLeaks revela que en los últimos años logró siete contratos con valor de 15 millones 184 mil pesos en el estado de Hidalgo, en la conservación y mantenimiento del sistema de agua y carreteras. Mientras que otro reporte del Gobierno federal indica que la empresa de la que fue gerente de construcción logró entre 2013 y 2018 otros tres contratos con valor de 9.27 millones de pesos.
Por su parte Calderón Alipi, responsable de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico, pese a tener una maestría en Administración de Servicios de Salud, sólo se había desempeñado como médico de guardia en el hospital privado de Nuestra Señora de Guadalupe en Villahermosa, Tabasco. También trabajó en el Hospital General de Agudos Doctor Juan A. Fernández, en Argentina, según su currículum.
El desabasto