Innecesarios los cambios: Onexpo
CDMX. Más que una reforma a la Ley de Hidrocarburos, el gobierno federal necesita aplicar y hacer eficientes las sanciones para combatir el robo de combustibles, corrupción e impunidad, consideró la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).
Con la aplicación “efectiva” de estas medidas, señaló el organismo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador también podría terminar con el “huachicol fiscal” y otros delitos dentro del sector.
“El Estado debe impulsar el eficaz ejercicio de las disposiciones en la materia. Con ello se combatiría con mayor eficacia los actos de corrupción y el robo de hidrocarburos y se abatiría la impunidad, los delitos y faltas dentro de la cadena operativa y comercial de los hidrocarburos líquidos en el país”, mencionó la Onexpo.
En un mensaje a medios, la Onexpo, que preside Roberto Díaz de León, añadió que la reforma a la Ley de Hidrocarburos presentada por el Ejecutivo Federal afecta a las inversiones actuales y futuras, al igual que a la competencia que existe en el sector.
El objetivo principal de la reforma propuesta por el presidente de México, señala la Onexpo, es fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre las empresas privadas del país, pues se propuso
endurecer los requisitos para otorgar permisos en distribución, importación o comercialización de combustibles.
Con el cambio propuesto, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender temporalmente los permisos a compañías privadas cuando representen riesgos a la seguridad nacional, energética o la economía.
“La propuesta de iniciativa inhibe abiertamente la competencia y atenta de ese modo contra la certeza jurídica, al incorporar requisitos poco claros y de alta subjetividad para la aplicación de la suspensión y revocación de permisos”, dice.
Las medidas, acusan, tampoco prevén criterios de proporcionalidad y gradualidad, y generarían una sobrerregulación en materia energética, pues actualmente ya hay sanciones para quienes no cumplan con la ley.
La propuesta inhibe la competencia y atenta contra la certeza jurídica para el sector privado