Reynaldo Escobar
Desde el primer numeral de la Carta Magna, el reconocimiento y tutela de los derechos humanos se garantiza por el Estado mexicano.
Por esa razón, la entrada y salida del territorio nacional, la libre circulación y la elección del domicilio, con el fin de residir en él, también se considera un derecho fundamental que toda autoridad debe respetar para preservar el imperio de la ley.
Aunque algunos Estados, invocando el principio de “soberanía interior” y para evitar conflictos internos y molestias a su población “establecida y avecindada” con anterioridad,
procura ordenar los flujos migratorios e impone condiciones y requisitos, suscribiendo acuerdos o tratados internacionales para condicionar el arribo, ingreso, estadía y salida voluntaria o forzada mediante expulsión o repatriación de los extranjeros.
De acuerdo con el estatus migratorio de cada persona que en ejercicio del derecho de libre tránsito se encuentre en otro país, tendrá el Estado anfitrión la obligación de proporcionarle asesoría legal,
acceso a servicios de salud, alimentación, trabajo, espacios decorosos y seguros para garantizar su dignidad, aún con mínimas atenciones, pero evitando la discriminación y la violencia.
El problema social que en diversas ocasiones se ha vuelto violento y hoy amenaza con convertirse en una crisis humanitaria, agravada por la intervención de maras, guerrilleros, traficantes de personas, polleros, secuestradores, sicarios, narcotraficantes y delincuentes en general, no se resolverá con conferencias telefónicas entre AMLO y Kamala Harris ni implementando programas de ayuda emergente a desempleados empobrecidos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Ni los 27 mil efectivos de la Guardia Nacional que a petición de su amigo Donald Trump desplegó el presidente Andrés Manuel López Obrador en las fronteras norte y sur de nuestro país, pudieron evitar el drama de los migrantes que insisten en llegar a Estados Unidos, pasando por nuestro país, en busca del ilusorio sueño americano.
El lema y frase de campaña de Trump, “América para los americanos”, también con Biden continuará vigente y el gobierno mexicano de la 4T seguirá siendo su cancerbero.