Luis Alberto Romero
Araucaria señala que no es activista de colectivo feminista; dice que perdió su trabajo y ha sido amenazada
a ciudadana Araucaria denunció públicamente que iniciará los procesos legales en contra de quien resulte responsable por el mal uso de sus datos personales, la vulneración hacia su persona y el daño laboral que sufrió al ser señalada como organizadora de la marcha en contra de la represión policial, la cual presuntamente se realizaría ayer lunes, lo cual no ocurrió.
En conferencia de prensa, responsabilizó al Gobierno del Estado por lo que pudiera sucederle a ella o a su familia, ya que su nombre, fotografía y cuentas de redes sociales circularon en internet, por lo que sufrió acoso, así como amenazas de los cibernautas.
Relató que el pasado lunes mientras se encontraba fuera de la ciudad recibió la información sobre un documento oficial, presuntamente procedente de la Secretaría de Gobierno con logos de la Subsecretaría de Gobierno y de la Dirección General Política Regional, en el que se le señala como líder de una colectiva y organizadora de la marcha en contra de la represión policial, misma que supuestamente se realizaría este lunes.
“En el documento se me criminaliza y se vulneran mis derechos y las de otras compañeras exponiéndonos al escarnio público, tachándonos de agitadoras, violentas y peligrosas, así como dando datos personales de cada una con el fin de desacreditar el movimiento feminista”, expresó.
“No participé en la presunta convocatoria por la que se me incrimina, tampoco estoy en los grupos de WhatsApp en los que basan sus acusaciones hacia mí, mucho menos convoqué a una marcha”, manifestó.
Se percató que había sido señalada como presunta organizadora de la marcha, motivo por el cual comenzó a recibir acusaciones y señalamientos, además de que fue despedida de su trabajo, “me dijeron que no querían tener relación con una persona como yo”.
Por lo anterior, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde ya interpuso una queja y ha recibido acompañamiento.
Se me criminaliza y se vulneran mis derechos y las de compañeras”.