El pasado 9 de abril, los representantes de la FGR lograron acreditar que había riesgo de fuga por parte del exlegislado
CDMX. El exsenador Jorge Luis N. fue vinculado a proceso por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht, para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que permanecerá en ésta cárcel.
El exlegislador, quien fue ingresado el 9 de abril al reclusorio, enfrentará un proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. En agosto, Lavalle Maury fue denunciado por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por presuntamente recibir sobornos a cambio de aprobar reformas impulsadas por la administración de Enrique Peña Nieto. Emilio N., acusó oficialmente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de ordenar varios casos de sobornos por un total de más de 500 millones de pesos a un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) integrado por Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas, y los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
Éste es el primer inculpado de 70 señalados por Emilio N. y forma parte del grupo de exsenadores que, según el exfuncionario, le exigieron 50 millones de dólares a cambio de dar su voto en favor de las reformas estructurales.
El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia Fuete Tapia, decidirá si hay elementos para imputarlo, ya que en caso de que el Ministerio Público Federal presente las evidencias suficientes, podrá quedar sujeto a prisión preventiva, a menos que obtenga un amparo o el juzgador considere que no hay riesgo de fuga y puede enfrentar su proceso en libertad.
El expanista permaneció preso en el Reclusorio Norte, luego que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, concluyó que ante el riesgo de que pueda darse a la fuga por no contar con un domicilio fijo, debía permanecer en prisión.
En la primera audiencia, el juez no consideró más de 30 datos de prueba ofrecidos por la defensa del exsenador panista, por lo que hoy tendrán otra oportunidad para aportar datos que demuestren que no recibió sobornos.
La Fiscalía General de la República imputa al expanista de presuntos sobornos que recibieron varios ex legisladores panistas para aprobar las reformas estructurales como parte del caso Odebrecht. Otra opción que el togado podría considerar es la inexistencia de elementos de prueba que acrediten su responsabilidad.