Julen Rementería
El martes pasado se discutió en la Cámara de Senadores la minuta para reformar la Ley de Telecomunicaciones, que implicó la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que exige que los ciudadanos que ya tienen un teléfono celular, así como los que apenas adquirirán uno, tendrán que brindar a las compañías celulares sus datos generales y biométricos.
Ypese a que la oposición explicó los riesgos que esto conlleva y el atentado a los derechos de la privacidad y seguridad de las y los mexicanos, los 54 votos a favor del grupo mayoritario de Morena y sus aliados, estuvieron de acuerdo en crear este padrón de usuarios, que abre una antesala a la gran dictadura que quiere la 4T.
No transcurrió la semana cuando este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio un “sabadazo” al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en el que se hace oficial el nuevo Padrón Nacional, y donde se le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las facultades y obligaciones para recabar la información de todos los usuarios de telefonía móvil del país.
A partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial, el IFT tiene seis meses para emitir las reglas de recopilación de los datos, para que el nuevo padrón de telefonía móvil entre en vigor durante el 2022, el cual solicitará a los usuarios el número de la línea, fecha y hora de la activación de la línea móvil adquirida en la tarjeta SIM, el nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario.
Asimismo, el número de identificación oficial con fotografía o en su caso la CURP, nacionalidad, y lo que más quiere este gobierno de Cuarta Transformación: los datos biométricos del usuario o, en su caso, del representante legal de la persona moral; domicilio del usuario, datos de la empresa de telecomunicaciones y el esquema de la línea (prepago o pospago).
Solo faltó que también nos pidieran un duplicado de las llaves de nuestras viviendas. Una y otra vez, este gobierno quiere pasar por encima de la Constitución y atenta contra el derecho a la privacidad y protección de datos personales, al obligarnos a los más de 122 millones de usuarios de celulares a registrar no solo los datos oficiales, sino quiere un registro de nuestras huellas dactilares, faciales y hasta el iris de los ojos.
Otra reforma que no sirve, otra ley hecha a modo bajo el pretexto de una “procuración de seguridad” y así “disminuir” la inseguridad y delitos como el secuestro y la extorsión; sin duda, otra legislación como la industria eléctrica y de hidrocarburos, donde la Corte tendrá que enmendar la plana, por ser absolutamente improcedente, inconstitucional y violatoria de los derechos de las personas.
No se puede obligar a que los usuarios de telefonía móvil pongan a disposición de empresas privadas o del gobierno este tipo de información, como un “requisito” para recibir un servicio de comunicación. Cómo sabremos que la 4T no hará mal uso de nuestros datos, si no pudo con una página para vacunación de adultos mayores o de maestros y todavía quieren que les confiemos nuestros datos biométricos.
Con estas acciones este gobierno del “cambio” parece que va por un control poblacional, va por una invasión a la privacidad, sin pensar que nuestra seguridad estará expuesta y ahora la delincuencia organizada podrá extorsionar por cualquier vía, porque de no registrarse en dicho padrón o hacerlo de manera extemporánea, ocasionará la cancelación definitiva de la línea móvil y de una multa de más de 89 mil pesos.
Morena aplasta la Constitución, nuevamente no la respeta, olvidó o más bien omitió que nos respalda el artículo 16 constitucional, que dispone que las personas tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, y las únicas excepciones son la seguridad nacional, el orden público y los derechos de terceros o el 24 y 35, específicamente de la Ley General de Protección de Datos Personales.
Esta reforma representa un grave riesgo en materia de protección de datos personales y un enorme retroceso para el país, sin duda y con base en experiencias pasadas como el Renaut mostraron que este padrón será una base de datos vulnerable, en cualquier sentido, que puede derivar en violaciones irreversibles a los derechos humanos de las y los mexicanos, incluyendo el de la privacidad y seguridad.
Desde nuestras trincheras impugnaremos esta normativa creada bajo la falsa promesa de disminuir la inseguridad, por vulnerar los derechos de las personas, esta ley es un peligro latente y hay que desecharla o modificarla, porque el gobierno es el único que debe garantizar y sobre todo, priorizar todos sus esfuerzos en la prevención, detección, investigación y sanción de los delitos que aquejan tanto a la sociedad mexicana.