Raymundo Jiménez
De todas las denuncias penales que después de las elecciones de 2016 se habían promovido formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero...
La única que realmente les preocupaba a los abogados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN era la que la Sección 32 del SNTE había presentado el lunes 8 de agosto de ese año.
Ese día, Javier Martínez, representante legal de esta sección del sindicato magisterial, acudió ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la entonces PGR para denunciar penalmente al panista.
La organización gremial señaló que Yunes Linares, en sus casi cuatro años como Director General del ISSSTE –de diciembre de 2006 a febrero de 2010– "acordó con la empresa Consupago para que les prestara dinero a los maestros que cotizaban ante el ISSSTE, a quienes les descontaban directamente de su nómina salarial ese préstamo, aplicándoles intereses muy altos" y que "a cambio, Consupago con el dinero que cobraba por estos préstamos, le pagaba una gran ‘comisión’ (mordida) a 3 empresas propiedad de MAYL y de su familia directa."
Las empresas señaladas por la Sección 32 del SNTE eran "Cobranza y Recuperación, S.A. de C.V." en la que sólo participarían su esposa Leticia Isabel Márquez Mora y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez; "Corporate Linkage, S. A. de C. V.", en la que mencionan a MAYL como administrador y accionista junto con su esposa Leticia y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando, e "Intermediación Corporativa, S.A. de C.V.", en la que también lo ubican como administrador y socio únicamente de sus hijos Omar y Miguel Ángel Yunes Márquez.
Según la denuncia del sindicato magisterial, "evidentemente para poder cubrir las ‘comisiones’ y poder pagar a las empresas de MAYL, Consupago tuvo que elevar el porcentaje de los intereses y captar el mayor número de personas posibles que pidieran créditos, por lo que a costa del patrimonio de los trabajadores, obtuvo cientos de millones de pesos mediante sus empresas."
Señalaban que "el ISSSTE es un organismo cuya obligación es velar por el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado (y los pensionados, jubilados y familiares derechohabiente); de allí que lo que más ofende es que MAYL, cuando se le confió estar al frente, se aprovechó de la necesidad de los trabajadores utilizándola como un medio para hacerse multimillonario."
Finalmente aseguraban que "contamos con las pruebas que acreditan sin lugar a dudas lo aquí afirmado, y que harán que MAYL pague por este abuso."
Anteayer, la Fiscalía General de la República, mediante el comunicado FGR 139/21, informó que sobre el caso de Yunes "ya sólo se está en espera de la información requerida" al ISSSTE, "para con ello avanzar en el procedimiento y, en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación".