Reynaldo Escobar
De la vieja conseja que entre los políticos del siglo pasado, sirviera para desalentar la participación ciudadana, cuando las “buenas costumbres” y los convencionalismos sociales marginaban a quienes rompiendo las reglas de sana convivencia se atrevían a desafiar a los inquisidores y prefectos de cada comunidad; de esos tiempos solo queda el recuerdo para el anecdotario de las reseñas en cada proceso electoral.
Hoy, con la llegada al gobierno de los miembros y simpatizantes de la 4T, lo que menos importa es el origen y el sentido de pertenencia a una “clase social”, pues la gran división y confrontación entre “ricos y pobres”, “reformadores y conservadores”, “fifís y chairos”, que ha impuesto desde su palacio el presidente López Obrador, sólo ha servido para generar discordias, enemistades, discriminación y odio, que por lo que se ve y se siente, están aflorando y multiplicando día a día; aprovechando el caldo de cultivo que ofrece el proceso electoral que culminará el próximo 6 de junio.
Cierto que estamos a casi cuatro semanas de la jornada electoral más grande de la historia de nuestro país, y que vamos a enfrentar el reto de mantener y fortalecer la vocación democrática que nos ha permitido mantener los principios de soberanía, independencia y libertad, con todas las imperfecciones que se vienen arrastrando, aunque siempre nos mantenga erguidos el espíritu de lucha y de superación, frente al reto que representa la elección de 21 mil 368 cargos públicos, que comprende: 15 gubernaturas, mil 926 alcaldías, 500 diputados federales, más 30 Congresos locales.
La responsabilidad histórica para garantizar la vigencia del Estado de derecho y las instituciones públicas, recae en los tres poderes de la unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), que después de las elecciones intermedias del 6 de junio no tendrán causas excluyentes que los pongan a salvo del juicio de la historia y la condena popular.
El Poder Legislativo no debe seguir aprobando las iniciativas que manda el Ejecutivo para satisfacer caprichos personales. El Poder Judicial debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen; el Ejecutivo tendrá que responder por la tranquilidad, paz y progreso social.