Teresa Carbajal
En reunión ordinaria de 28 de abril 2021, diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron en menos de una hora la minuta con proyecto de decreto procedente del Senado de la República, que contenía la cobranza delegada; con ello asestaron un histórico y duro golpe a la economía de las familias al abrir la puerta a los bancos para disponer legalmente del salario de los trabajadores.
Los legisladores federales retrocedieron en el tiempo a la época de Porfirio Díaz, para extraer de la historia las tiendas de raya e instaurarlas en nuestros días, justificando su actuar en la inclusión financiera y queriendo convencer a los mexicanos que esta reforma que permitirá usar el sueldo de los trabajadores como garantía de pago de los créditos que en adelante soliciten, acabará con los abusos y mejorará las condiciones de los créditos de nómina. Sin embargo, no será ni lo uno ni lo otro.
Porque en la realidad que vivimos, con la que desde luego los señores legisladores no están conectados, y cuando el futuro nos alcance, quedará al descubierto la mentira con la que se pretende engañar al pueblo, la reforma no tiene como fin ayudar a los solicitantes de crédito y facilitarles los créditos, ¡claro que no! La finalidad es eficientar y garantizar la cobranza a los prestamistas.
No se puede llamar ayuda a terminar con la seguridad económica que actualmente tenemos los trabajadores con el cobro íntegro de nuestro salario, no se puede mutilar el ingreso de las familias, dándole la misma prioridad a un acreedor financiero que a un acreedor alimentario.
Los trabajadores tenemos derecho a percibir de manera completa nuestro sueldo y disponer libremente de él, sin tener que recoger lo que el banco o el prestamista nos deje. Los créditos de nómina ya existen y es mentira que presenten mejores condiciones de pago, todos sabemos los altos costos y tasas de interés que manejan esa modalidad de créditos, ello aunado a los vicios que ha generado en todo el país el que los asalariados hayan caído en la trampa de financieras y empresas al comprometer sus salarios por un poco de liquidez.
Ayuda real en el otorgamiento de los créditos sería mejorar las tasas de interés que actualmente pagamos por ellos –es decir bajarlas–, diseñar leyes que amplíen las facultades de las autoridades ya existentes como la Condusef, en materia de supervisión y vigilancia del comportamiento de las entidades financieras; establecer un mecanismo legal que permita que se revisen con mayor detalle los contratos de adhesión que manejan los otorgantes de créditos para evitar clausulas abusivas, ilegales y publicidad engañosa en los ofertantes de crédito.
Lamentable y reprobable nos resulta a los integrantes del Movimiento Nacional de Rechazo a la Cobranza Delegada haber visto cómo el día de ayer los diputados federales omitiendo la lectura del proyecto, se dedicaron básicamente a lo que mejor saben hacer: levantar la mano sin razonar y sin pensar en los ciudadanos que los votaron y los eligieron para ser sus representantes; traicionaron la confianza que se les depositó, por necios, por no escuchar las voces de quienes acudimos a ellos para enterarlos de todo lo que hemos padecido por la cobranza delegada, que si bien no estaba en la ley, ya existía y operaba –en nuestra contra– con sobreendeudamiento, atropellos a nuestra dignidad, indefensión, inseguridad jurídica, pérdida de la armonía familiar y enfermedad física y emocional.
La respuesta que hemos recibido quienes exigimos que la usura (que estaba apoderándose de las instituciones del Estado) debía ser erradicada, ha sido legalizarla. En breves discursos de apenas dos minutos los legisladores dejaron al descubierto su nulo conocimiento del tema, su gran ignorancia de las leyes, su falta de respeto a la Constitución, pero sobre todo, su total desinterés por proteger el salario de los trabajadores.
Una reforma más de la Cuarta Transformación que muestra el gran retroceso en materia de derechos humanos en el que nos hunden cada día que pasan en el poder. Que la historia los juzgue.