Diario de Xalapa

Deuda de estados y municipios creció 2%

El incremento de los préstamos fue el más bajo en los últimos tres años con crisis económicas, dice el Imco

- JACOB SÁNCHEZ

CDMX. Al cierre de 2020, la deuda de estados y municipios ascendió dos por ciento a tasa anual. Esto fue menor a lo registrado en las crisis económicas de 1994 y de 2008, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitiv­idad (Imco).

“A pesar de la profunda crisis económica, la deuda en los estados y municipios aumentó únicamente dos por ciento en términos reales en comparació­n con 2019. Este es un escenario atípico en comparació­n con otras crisis registrada­s en México como la de 1994 y 2009, en donde la deuda creció 45 por ciento y 20 por ciento, respectiva­mente”, enfatizó el organismo liderado por Valeria Moy.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública de los estados, municipios y sus organismos ascendió a 637 mil 275 millones de pesos, es decir, 33 mil 467 millones de pesos más que en 2019.

En entrevista con OEM, Manuel Guadarrama, coordinado­r de Gobierno y Finanzas del Imco, detalló que la deuda subnaciona­l, referente a las obligacion­es de pago que tienen contratado­s estados y municipios, creció más de cuatro veces en términos reales desde que se tiene registro, en 1993.

Explicó que la deuda ha incrementa­do a distintos ritmos en el paso del tiempo. Entre 1993 y 2006, detalló, el incremento promedio de la deuda local fue de seis por ciento cada año, mientras que entre 2006 y 2011 se ubicó en 15 por ciento.

Entre 2012 y 2019, añade, el promedio se redujo a seis por ciento anual.

La deuda de estados y municipios creció cuatro veces entre 1993 y 2020

El también fundador de Bloomsbury Policy Group explicó que la desacelera­ción en la contrataci­ón de la deuda es consecuenc­ia de una mayor conciencia por parte de los gobiernos locales y estatales, así como por la correcta aplicación de la Ley de Disciplina Financiera, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la informació­n recopilada en el Registro Público Único que fijan topes de endeudamie­ntos para los estados.

Por separado, Christophe­r Cernichiar­o, investigad­or del Centro de Investigac­ión Económica y Presupuest­aria (CIEP), recordó que desde 2016 se creó la Ley de Disciplina Financiera para establecer techos e indicadore­s de alerta, que a través de un semáforo se permite observar la evolución de la deuda y si las entidades o municipios están poniendo en riesgo sus finanzas.

El especialis­ta recordó que entre 2008 y 2016, la deuda pública como porcentaje de las economías estatales pasó de 1.5 por ciento a 3.2 por ciento.

Cernichiar­o Reyna consideró que será hasta el cierre de este año cuando se pueda medir el impacto en el endeudamie­nto de los estados, ya que durante 2020 las entidades recibieron menos recursos para pedir préstamos y hubo factores como las elecciones que no permitiero­n a los gobiernos contratar deuda a corto plazo.

“Que entren las nuevas administra­ciones y a ver qué hacen, será decisión de cada estado si agarro o no agarro (deuda)”, dio a conocer.

Para Lía Álvarez, investigad­ora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, “sería muy irresponsa­ble por parte de las entidades y municipios” adquirir deuda tras ganar las elecciones de 2021, “consideran­do que aún no sabemos cuál va a ser la recuperaci­ón que vamos a tener al finalizar el año, aunque Hacienda estima un rebote superior a cinco por ciento”.Añadió que los estados y municipios no incrementa­ron su nivel de deuda porque los recursos que reciben vía transferen­cias de la Federación disminuyer­on 7.7 por ciento y normalment­e se utilizan para adquirir estos financiami­entos. En el primer trimestre de 2021, estas transferen­cias se redujeron 3.3 por ciento.

Lia Álvarez también mencionó que un punto central será conocer a qué se destinaron los recursos, ya que actualment­e “se conocen los montos, pero no el destino”. En este sentido, expresó que existe una oportunida­d para legislar en materia de transparen­cia para obligar a los gobiernos a hacer público el destino de estos recursos y no sólo las cantidades gastadas.

La especialis­ta añadió que más allá de la capacidad de endeudamie­nto de los estados y municipios es necesario mejorar su recaudació­n de impuestos para incrementa­r los recursos que tienen disponible­s para gastar y reducir su dependenci­a al endeudamie­nto y a las transferen­cias federales.

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