Raymundo Jiménez
Desde hace al menos un mes, familiares de 11 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de 12 habitantes en el municipio de Las Choapas, están a la espera de que la Fiscalía General de la República les fije fecha para solicitar que investiguen a las autoridades judiciales y ministeriales de Veracruz, toda vez que han denunciado ya ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que los ahora procesados fueron detenidos ilegalmente, sometidos a actos de tortura y a la fabricación de delitos.
El pasado 22 de abril, el abogado defensor Salvador García advirtió que ante el cúmulo de evidencias que demuestran las violaciones al debido proceso, este caso sería llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El litigante declaró que sus defendidos fueron detenidos días después del 24 de enero pasado, fecha en que se cometió el multihomicidio, “sin orden judicial, además de ser golpeados, torturados y amenazados junto con sus familias, mientras los agentes locales y de la Guardia Nacional destrozaron sus viviendas, y de ello existen videos y testimonios que obran en las denuncias hechas ante la CNDH, autoridades locales y de la Presidencia de la República”.
Explicó que sin embargo, a casi tres meses de la detención y encarcelamiento de los 11 presuntos involucrados, el juez de la causa “violó sistemáticamente el procedimiento penal dejándolos en un estado de
indefensión, primero por dictar la prisión preventiva oficiosa, obstaculizó a la defensa en cuanto a la posibilidad de aportar pruebas, entre ellas, el que nunca valoró debidamente las contradicciones y pruebas que demuestran que los elementos mintieron en su informe policial homologado que entregó la fiscalía”.
La mañana de este martes dicho caso fue llevado hasta la conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador dijo que “puede ser que se cometa una injusticia pero no va a quedar impune”, remarcando que ahora “hay un auténtico Estado de Derecho que no había antes”.
Sin embargo, aunque afirmó que en Veracruz “se ha trabajado mucho para garantizar la paz y la tranquilidad”, el Presidente reveló que el pasado fin de semana que visitó el sur de la entidad, se enteró que las empresas encargadas de las vías del ferrocarril interoceánico que comunicará al puerto de Coatzacoalcos con el de Salinas
Cruz, Oaxaca, no han podido avanzar porque están siendo extorsionadas por bandas criminales que “tienen el control y amenazan”, imponiéndoles cuotas para poder trabajar y exigiéndoles también que les compren a ellos el material.
“Pues desde aquí les mandamos a decir que ya no es permitido eso, sea quien sea. No se acepta ni la delincuencia organizada ni la delincuencia de cuello blanco, ya no hay influencia que sirva”, advirtió López Obrador.
Pero estos grupos delincuenciales, que vienen extorsionando a empresas y sindicatos sureños desde el sexenio del exgobernador Javier Duarte, ya llevan más de dos años actuando impunemente también en las nuevas administraciones estatal y federal de la 4T.