Luis Alberto Romero
Uno de los alcaldes veracruzanos que de forma reciente se ha confrontado de forma abierta, directa, con el gobierno e statal de Veracruz es Octavio Pérez Garay, de San Andrés Tuxtla.
Tavo Pérez, como le conocen sus paisanos, estuvo en el ojo del huracán luego de que una docena de policías municipales fueran desarmados y detenidos, señalados por presuntamente haber liberado a un detenido acusado por el delito de abigeato.
Eso ocurrió el 20 de abril. De inmediato, la fiscal del estado, Verónica Hernández, informó que cuatro detenidos son señalados por evasión de preso e incumplimiento de un deber legal. Otros ocho, por ultrajes a la autoridad.
Quince días después de la captura de los policías implicados, la policía estatal desarmó a toda la corporación municipal, a cuyos elementos sólo les dejaron los toletes PR
24, los uniformes y las placas; nada que sea útil para enfrentar a la delincuencia.
En reacción, el alcalde de San Andrés se quejó por el desarme de sus elementos; dijo que teme por su seguridad; y que responsabilizaba a las autoridades del gobierno estatal por lo que pudiera ocurrirle a él o a su familia.
Pérez Garay dijo que los policías se encontraban indefensos y que era urgente que se resolviera esa situación.
En respuesta, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, declaró que la desesperación del edil de San Andrés Tuxtla generaba suspicacias. Ese es el contexto; este martes trascendió el presunto secuestro de la madre del edil, Marina Garay Cabada, ex alcaldesa del lugar y ex diputada federal priista.
De acuerdo con las versiones que circularon en medios locales, la mujer fue privada de su libertad cuando estaba en su negocio de venta de material para construcción. A pesar del operativo instrumentado para liberarla, que incluyó filtros de revisión en las entradas y salidas de San Andrés Tuxtla, así como el uso de aeronaves para sobrevolar el lugar, al cierre del presente texto, Marina Garay no había sido rescatada.
Se trata de un tema que metió ruido en la contienda electoral de Los Tuxtlas, dado que el presunto secuestro se registra en el marco de la abierta confrontación entre el alcalde y el Gobierno del Estado; en un lugar considerado como uno de los focos rojos de Veracruz en materia delincuencial.
A estas alturas, el asunto está en manos de la Fiscalía General del Estado, que deberá investigar a fondo el secuestro; sin embargo, de acuerdo con la declaración de este martes del Ejecutivo veracruzano todavía no hay líneas de investigación, aunque la privación de la libertad de Marina Garay es un hecho confirmado.
Lo cierto es que el tema causó revuelo en medios estatales y sobre todo, entre la sociedad de San Andrés Tuxtla, donde madre e hijo, ex alcaldesa y actual edil, han ganado cuatro elecciones, tres bajo las siglas del PRI y una más por la vía independiente.
Esperemos que la mujer aparezca bien, sana y salva.