Retos ante la corrupción
Restan 4 meses para consumar un sistema local
Yucatán y las demás entidades federativas tienen hasta el 18 de julio próximo para hacer todos los ajustes legales que permitan crear los Sistemas Locales Anticorrupción, que, de acuerdo con la asociación civil información Accesible y Rendición de Cuentas (Iarac), representan un gran reto.
En el caso específico de Yucatán la agrupación recuerda que ya se realizaron las modificaciones constitucionales —en abril de 2016—, pero falta la elaboración de leyes secundarias y quedan menos de cuatro meses para concretarlas.
También se refiere a un punto que considera preocupante: el Poder Legislativo aún no establece buenas prácticas de parlamento abierto, importantes para la participación social.
“No es suficiente que los congresos aprueben los cambios legales sino que estas modificaciones estén acordes con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, subraya Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que promueve la iniciativa de parlamento abierto con otras 24 organizaciones, entre ellas Iarac, de Yucatán.
La asociación indica en un comunicado que los procesos de parlamento abierto permitirán que los marcos legales de los Sistemas Locales Anticorrupción se analicen, discutan y aprueben con base en los mismos estándares de calidad del sistema nacional, tanto en el formato de discusión como en el contenido de las leyes.
Layda Erika Cárdenas Canto, directora ejecutiva de Iarac, pone énfasis en un concepto: “Sólo con sistemas locales anticorrupción fuer- tes y coordinados se podrá prevenir, sancionar y erradicar eficazmente la corrupción. Por eso queremos una construcción abierta”.
Fundar y las demás organizaciones recalcan que la corrupción erosiona la confianza ciudadana en las autoridades y en los asuntos públicos.
Con el nuevo sistema se busca no sólo prevenir los actos de corrupción sino castigarlos administrativa y penalmente. Este sistema tendrá un Comité Coordinador integrado por representantes de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), el Comité de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Fiscal
y Administriva del Estado.
Layda Cárdenas señala que los procesos de parlamento abierto pueden fortalecer la rendición de cuentas y la relación de las autoridades con la ciudadanía. Se suma a la petición de Fundar a los congresos locales de que promuevan procesos basados en los cuatro pilares de la iniciativa:
1) Transparencia y acceso a la información.— Toda la información relacionada
con el proceso legislativo debe publicarse en la página web del Congreso y/o de las comisiones responsables, de manera oportuna, en formatos abiertos y con explicaciones claras sobre el desarrollo de cada etapa del proceso.
2) Participación ciudadana.— Debe convocarse a especialistas de la sociedad civil, de la academia, grupos empresariales y otras personas interesadas para hacer propuestas de contenido sobre las leyes que se crearán o modificarán. Además, se deben establecer mecanismos de participación ciudadana, como audiencias públicas, mesas de trabajo u otras formas para recibir aportaciones.
3) Rendición de cuentas.— Se explicará, por escrito y con suficiencia y sencillez, el fundamento de las decisiones que se toman en las distintas etapas del proceso legislativo (discusión, análisis, modificaciones, voto, etcétera).
4) Uso de las tecnologías de información.— Las reuniones de trabajo legislativo se deben transmitir por diversos medios electrónicos, como el canal del Congreso o las redes sociales. De igual forma, se deben crear herramientas audiovisuales para difundir y explicar, en lenguaje sencillo, la información relativa al proceso.
La maestra Cárdenas Canto también explica que, de acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, que monitorea los sistemas locales, Yucatán figura entre los estados cuya reforma constitucional fue satisfactoria, pero hay dos indicadores en los que obtuvo un porcentaje de evaluación del 50%:
a) En lo referente a las facultades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría General y los Órganos Internos de Control, según corresponda, se reformó el aspecto de investigación y substanciación de las faltas administrativas graves, pero no se otorgan facultades de sanción para las faltas no graves.
b) En lo referente a la definición del régimen de la Procuraduría o Fiscalía del Estado, para que tenga autonomía real, se involucra al Congreso en el proceso de la designación, pero el Ejecutivo sigue siendo un actor fundamental en la decisión.