Rezago en la justicia penal
Casi la mitad de las investigaciones no está concluida
CIUDAD DE MÉXICO (Por Elia Baltazar, corresponsal Diario de Yucatán/AEE).— Hace apenas un año que el modelo de justicia penal acusatorio comenzó a operar de lleno en el país y ya arrastra rezagos. Casi la mitad de las carpetas de investigación abiertas en 2016 está pendiente de determinación, es decir, no está concluida.
Esto ocurre tanto en el ámbito federal como local, de acuerdo con un análisis de las organizaciones civiles México Evalúa y el Centro de Investigación y Desarrollo, AC (Cidac), que ayer presentaron una propuesta para homologar –que no unificar– la investigación criminal en el país y obtener mejores resultados en el esclarecimiento de los delitos y la procuración de justicia.
“Hay que definir la investigación criminal y cómo debe hacerse”, expresó María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa-CIDAC, durante la presentación del documento “Lineamientos para un modelo homologado de investigación criminal”.
Durante la presentación, la especialista hizo énfasis en los pendientes que todavía hay en el país para tener un modelo de justicia efectiva, aun con todos los cambios legislativos que siguieron a la reforma que puso en marcha el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 2008.
Entre ellos, la urgente necesidad de un diseño técnico efectivo de investigación criminal, que ha quedado soslayado en el debate político sobre la efectiva autonomía de la próxima fiscalía general y del método y perfil de su titular.
“Solo con autonomía constitucional no vamos a lograr la transformación del sistema y no solamente la persona al frente de la institución va a llevar el cambio”, aclaró. “Necesitamos un diseño institucional técnico que conlleve una transformación real”.
Esa transformación pasa necesariamente por cambios en la investigación criminal, subrayó la experta.
El documento presentado ayer anota que a partir de que concluyó el proceso de cambio del modelo mixto al SJPA en todo el país, hay 33 esquemas diversos para la persecución de los delitos. Uno para cada procuraduría o fiscalía del país, incluida la PGR. “El paso de procuradurías a fiscalías en la mitad de los estados y el SJPA han sido insuficientes para transformar el sistema de justicia de forma efectiva”, indica el documento. Los datos que incluye son reveladores y sostienen la urgencia de revisar con criterios técnicos las tareas de la investigación criminal y el papel que desempeña el ministerio público, pues en este momento “estamos en una fase de arbitrariedades y sin ningún tipo de control sobre sus decisiones”, dijo.
Respecto de los resultados del SJPA durante 2016 destaca, por ejemplo, el rezago. Una de cada dos carpetas de investigación en lo ámbitos de la PGR y las procuradurías y fiscalías locales está pendiente de determinación, puntualizó María Novoa,