Diario de Yucatán

El opio de la justicia

- ERICK ISMAEL SERVÍN MOGUEL (*)

Antes que nada, apoyo toda clase de derechos humanos bien aplicados; en consecuenc­ia, apoyo la idea de que son indispensa­bles para las personas, pues sin ellas el abuso de autoridad crecería de una forma desmedida (consideran­do ya la existencia de la misma). Por último, hay que comprender que en los derechos humanos existe un binomio, autoridad-delincuent­e, delincuent­e-autoridad, sin dejar de lado a la misma sociedad, que termina afectada por la resolución de las autoridade­s.

Dicho lo anterior, si bien el opio es una droga, quien la consume elige cuándo hacerlo y al ser un analgésico del cual se sustrae la morfina sus efectos son de adormecimi­ento; en ciertos casos puede distorsion­ar la realidad. Desde esta perspectiv­a, podemos considerar a los derechos humanos como el opio de quienes practican la ley, jueces, policías y quienes trabajan para alguna dependenci­a de gobierno. Todo mexicano conoce al menos a una persona que ha sufrido por la errónea aplicación de los derechos humanos o por su falta de aplicación.

Y es que en México la mayoría de las veces las leyes se aplican no en beneficio de una sociedad hambrienta de justicia, sino de las autoridade­s y ————— (*) Pasante en Derecho por el Centro Universita­rio Felipe Carrillo Puerto de los mismos malhechore­s; cuando un delincuent­e es declarado inocente, sea por mal manejo de pruebas, violación al debido proceso o por haber sido “violentado en sus derechos”, es “linchado” por el grupo afectado.

Por ejemplo, el muy sonado caso en 2013 de la francesa Florence Cassez, quien cometió seis delitos: tres secuestros, con la agravante de actuar en delincuenc­ia organizada y portación de armas prohibidas. Quedó libre por supuestas violacione­s a sus derechos humanos.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero señaló que la francesa obtuvo su libertad porque se violaron sus derechos humanos: presunción de inocencia y al debido proceso, así como no haberla puesto de inmediato a disposició­n de las autoridade­s ministeria­les.

Como éste, hay cientos de casos donde secuestrad­ores, violadores, asesinos, delincuent­es de guante blanco y demás salen libres por una equivocaci­ón en el proceso que vulnera la ya delicada línea entre la persona y sus derechos humanos. De 2010 a 2015 se registró la liberación de al menos 70 delincuent­es, según “Excélsior”, por casos de violación a sus derechos durante su detención o juicio.— Mérida, Yucatán.

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