“Mafia intacta”
La justicia y la legalidad todavía son una incógnita en el nuevo gobierno del Estado, advierten en un foro.— El consejero jurídico y el fiscal
“Contra todos los intentos de ridiculizar las denuncias y aunque la presidenta del Colegio de Notarios lo niegue, existe una mafia inmobiliaria en Yucatán”, alerta el doctor Luis Ramírez Carrillo al participar en un foro efectuado en el Diario sobre el cambio de gobierno en la entidad.
La estructura para atentar contra la propiedad inmobiliaria, para desviar el erario y para el lavado de dinero público está armada en Yucatán desde hace 12 años y sigue intacta, añade. “No hay un solo notario castigado. No solo sigue intacta esa estructura, sino que empeoró”.
El investigador de la Uady también expresa sus temores de que el gobierno de Mauricio Vila Dosal no tome al toro por los cuernos ante este problema y apunta como una mala señal el nombramiento de Mauricio Tappan Silveira como titular de la Consejería Jurídica, por sus vínculos al parecer hasta familiares con una de las principales cabezas visibles de la mafia inmobiliaria en Yucatán, que es el notario Luis Silveira Cuevas.
El doctor Ramírez se refirió al tema cuando se les preguntó a los participantes en el foro sobre las expectativas que tienen ante la integración del gabinete estatal. También participaron el exgobernador Patricio Patrón Laviada, el profesor Carlos Rubén Calderón Cecilio y la consejera electoral María Elena Solís Flores.
De acuerdo con Ramírez Carrillo, el nuevo gobierno ha generado una incógnita en el aspecto relacionado con la justicia y la legalidad. ¿Por qué es una incógnita?, se pregunta para enseguida responderse:
“La Consejería Jurídica está en manos de Mauricio Tappan Silveira, que debe ser una excelente persona, lo desconozco, pero me asusta que esté vinculado con una de las cabezas visibles de la mafia dedicada al tráfico de inmuebles, que es Luis Silveira y su grupo de notarios. Ese es uno de los problemas severos a los que Yucatán se enfrenta ahora”.
El caso del fiscal
Sobre el nombramiento del fiscal general del Estado, que aún está pendiente en el Congreso, dice que también va a ser muy importante porque hay un problema central que tiene que ver con el equilibrio de los poderes y con el desarrollo del estado, que es la relación entre el Ejecutivo y el Judicial.
Históricamente, continúa, Yucatán tiene un problema de corrupción entre ambos niveles de gobierno; en el Poder Judicial están los jueces, los magistrados, los ministerios públicos.
“Si no se atiende o no se ve con claridad el tamaño del problema y, como parte de los nombramientos en el gabinete, se pone o se manda a gente que no nos envíe a la ciudadanía el mensaje de que esto será afrontado de una manera fuerte, pues se estará menospreciando el tamaño de lo que se nos está viniendo encima”.
Porque, insiste, hay un avance contra la propiedad en Yucatán... los delitos contra la propiedad se han venido incrementando y lo van a seguir haciendo, es un riesgo real. En los últimos 10 ó 20 años se ha mantenido ese avance, producto de que Yucatán tiene una oferta de tierras y casas cerradas bastante grande, un proceso de crecimiento de la ciudad muy intenso y muy rápido, y un encarecimiento, un mayor valor de la propiedad. Es cuestión de oferta y demanda, de mercado, y esto ha sido muy visible este sexenio —señala—: los delitos contra la propiedad a todos los niveles empiezan afectando a personajes individuales, luego se extienden a gente que recibe beneficios colectivos, como las casas del Infonavit, y luego llegan a empresas o empresarios. De ahí vamos a pasar, como ocurrió en Cancún hace 10 años, al cobro de derechos de piso cuando ya grupos criminales tienen con claridad el conocimiento de qué propiedades tiene cada quien. Esto quiere decir que hay un problema que ha venido creciendo, que es real: hay una mafia inmobiliaria que está operando con una columna vertebral entre los juzgados civiles, los ministerios públicos y los notarios, con total cobertura e impunidad del gobierno del Estado, añade. Esto también nos muestra que había y hay una clara colusión o complicidad entre un grupo selecto de notarios, los juzgados civiles, los jueces, los ministerios públicos, vinculados a la Fiscalía General del Estado y a la Consejería Jurídica del mismo gobierno del Estado, dice Ramírez.
¿Y qué es lo que había detrás de este entramado?, se pregunta de nuevo. La legalización de quizás centenares de empresas fantasmas que facilitaban, con la ayuda de los notarios, el desvío de muchos millones del erario.
Esto es una mafia, como la de Al Capone en Chicago, señala. Una mafia que no se ha desmontado: ahí está el Poder Judicial intacto, los jueces, los ministerios públicos; los empresarios o prestanombres que participaron en esto y los notarios que legalizan todo.
Nada ha cambiado, se lamenta el sociólogo. La oferta sigue creciendo y los precios de los inmuebles siguen subiendo. Esto sigue siendo un muy buen negocio y lo va a seguir siendo este sexenio y el gobierno del Estado va a tener que enfrentarse a esto.
¿Qué mensaje nos manda: que estamos locos, que las denuncias son ridiculeces, infantilismos, no existe tal mafia, son simplemente malos manejos legales que hizo un notario aislado? ¿O va a tomar al toro por los cuernos?—