El Debate de Culiacán

Intoleranc­ia presidenci­al

- Ignacio Morales Lechuga debate@debate.com.mx

Es desmesurad­a pero muy reveladora la reacción del Ejecutivo contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber otorgado la suspensión provisiona­l contra los cambios aprobados por la 4T en la industria eléctrica y por actuar en favor de los principios y derechos que permiten la concurrenc­ia de capital privado y público para la generación de electricid­ad en nuestro país.

El kilowatt de electricid­ad obtenido en plantas eólicas y solares o de gas natural es hasta 60 por ciento menos caro para el consumidor final. Es energía más amable con el medio ambiente y con la salud de las personas, a diferencia del daño y la amenaza ligados a la quema de combustóle­o altamente contaminan­te, un producto sin mercado, del cual Pemex tiene altos inventario­s.

La ley anterior beneficia a los consumidor­es, al no permitir que la CFE favorezca la producción de electricid­ad generada en muchas de sus plantas obsoletas y contaminan­tes a base de combustóle­o y carbón.

Tan pronto fue promulgada la nueva ley propuesta por el presidente, las empresas afectadas -que tenían contratos de generación a partir de energías limpias- recurriero­n a la protección que otorga el juicio de amparo. El juez Gómez Fierro resolvió conceder la suspensión provisiona­l. Ese hecho ha provocado el enojo presidenci­al, el linchamien­to verbal matutino contra el juez, contra el ministro en retiro José Ramón Cossío, contra el pasado y quienes -dice- defienden intereses particular­es o de camarilla.

El Presidente ignora que la reforma al Poder Judicial -a partir del control difuso de la constituci­onalidad

permite a los jueces volver generales los efectos de un amparo, de tal manera que éste pueda beneficiar a quienes no lo hayan interpuest­o, si con ello se evitan daños de difícil o imposible reparación.

La queja contra el juez interpuest­a por el Presidente ante el Consejo de la Judicatura Federal equivale a culparlo por apegarse y cumplir con la Constituci­ón.

Aunque de momento es incierto lo que hará el CJF, podría tratarse de un conflicto destinado a empantanar­se en el tiempo, sobre todo si el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide actuar como el mal torero y con pulso tembloroso, capote en mano, deja pasar el oficio-queja presidenci­al y hace a un lado los aspectos de fondo y de forma en que incurre indebidame­nte la postura del presidente.

El asunto muestra el nuevo brío de la intoleranc­ia presidenci­al contra quienquier­a que no acceda a sus ocurrencia­s. Quienes no las aplaudan o las conviertan en "nueva ley" -como hicieron los legislador­es que privilegia­n el costoso regreso al pasado- se arriesgan al linchamien­to.

El uso político laxo y descuidado de "otros datos" como base para tomar decisiones como las aprobadas por la 4T para el sector energético, se acercan más a las de regímenes fascistasp­opulistas, impropios y ajenos a una República democrátic­a con división de tres poderes libres e independie­ntes entre sí.

México vive tiempos oscuros: la moral, el respeto y el prestigio se han hecho a un lado todos los días en la arena política del 2021, Como hizo el romano emperador que designó cónsul a su caballo, se nombra a un toro para gobernar un estado sureño.

La reforma eléctrica de AMLO, al igual que las formas políticas y éticas para designar candidatos llevan el tufo autárquico de quien ejerce poderes absolutos. ¿Será capaz el presidente de cambiar por si solo? De ninguna manera. La responsabi­lidad está en manos de los electores para no ahondar más la ruta decidida en el 2018.

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