Las suspensiones

Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, aguantó la presión del presidente López Obrador y concedió suspensiones definitivas a dos empresas que promovieron amparos contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica. No había que conocer mucho de leyes para entender que esto ocurriría. La Constitución prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas en su artículo 28, y la nueva legislación buscaba dar un nuevo monopolio a la Comisión Federal de Electricidad.

Es verdad que el artículo 28 también declara que ciertas funciones del Estado en áreas estratégicas no constituirán monopolios, pero solo exenta a “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. La generación no puede ya ejercerse en monopolio. Los tribunales estudiarán el fondo de los casos, pero las suspensiones se han otorgado con efectos generales para todos los quejosos. El gobierno no puede empezar a aplicar las prácticas monopólicas de la nueva ley.

Morena afirma que las suspensiones favorecen a “una minoría rapaz”, pero la verdad es muy distinta. Estas medidas cautelares benefician a la mayoría al permitir la adquisición de electricidad más barata y limpia. Además, preservan el Estado de derecho, al evitar que el gobierno cambie de manera retroactiva las reglas con las que se han hecho inversiones por decenas de miles de millones de dólares. Lo más importante, sin embargo, es que respetan la Constitución, “en donde se previó un modelo orientado, entre otras cosas, a garantizar la libre concurrencia de agentes económicos en la generación y suministro de electricidad, así como transitar a un mayor uso de energías limpias”. Lo paradójico es que la CFE no cuenta con recursos para invertir en generación de electricidad. En 2020 tuvo pérdidas por 78,920 millones de pesos. No le alcanza siquiera para mantener en buen estado las redes de transmisión, en las que sí goza de un monopolio constitucional. Impedir la inversión privada en generación es la forma más sencilla de encarrilar al país a nuevos apagones. Lo peor es que el gobierno lo está logrando pese a las suspensiones: estas protegen a quienes ya han realizado inversiones, pero nadie más se está arriesgando a invertir en nuevas plantas. Como una generadora tarda de tres a seis años en construirse y entrar en línea, el país está siendo condenado a quedarse sin energía.

Es lógico que las empresas privadas que hoy obtienen electricidad más barata y limpia de productores privados se estén defendiendo en tribunales. Firmas como Bimbo, Femsa y Walmart tienen compromisos con la comunidad para usar energías más limpias, y con sus accionistas y clientes para bajar costos. Sus acciones legales benefician a la sociedad y al planeta.

Solo un gobierno que quiere producir electricidad cara con combustóleo es incapaz de entenderlo.

Hasta ahora los jueces especializados en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro y

Rodrigo de la Peza, han aguantado los embates de un Presidente enfurecido. Veremos si el resto del sistema judicial aguanta. Por lo pronto el gobierno tiene la posibilidad de recurrir las suspensiones ante tribunales colegiados; apelará después a la Suprema Corte, donde para que una ley sea declarada inconstitucional se requiere el voto de ocho de los 11 ministros. Pero el Presidente ha dicho, además, que, si la ley es inconstitucional, ¡cambiará la Constitución! Faltaba más.

Rebrote en Chile

Chile tiene la más alta tasa de vacunación de Latinoamérica, 44 por ciento contra 4 por ciento de México, pero los contagios han regresado a niveles de junio pasado. Por eso el gobierno estableció cuarentenas en Santiago y Viña del Mar. La vacunación no es una varita mágica.

«Ningún acto. puede desconocer el contenido de la Constitución.»

Juan Pablo Gómez Fierro