Seis contra cinco
Sí hubo un cambio en la votación del INE de este 13 de abril. Seis consejeros se pronunciaron por cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. El 25 de marzo, en contraste, siete respaldaron la cancelación contra cuatro. Uno de los consejeros cambió de lado.
No, no creo que las amenazas de Salgado hayan sido la causa.
Había razones para pensarlo, porque el guerrerense afirmó que buscaría a los consejeros y los hallaría en sus casas, y, además, exhibió en su plantón un ataúd con el nombre del consejero presidente, Lorenzo Córdova, en una no muy velada amenaza de violencia o incluso de muerte. En un país como México estas intimidaciones no pueden tomarse a la ligera. Las aclaraciones de Salgado de que no dijo lo que dijo parecen más una burla que una retractación.
No hay razones, sin embargo, para pensar que las amenazas llevaron al cambio de ese voto solitario. Los consejeros argumentaron sus posiciones de forma sensata y con solidez jurídica. Si acaso, me parece que los intentos de intimidación fortalecieron la posición de quienes votaron por la cancelación. Los consejeros no querían ceder por cobardía. El que se cancele una candidatura porque no reportó un gasto de 11 mil o de 19 mil pesos es, por supuesto, ridículo. Salgado es un candidato impresentable, pero eso no es obstáculo legal para su postulación. A pesar de las acusaciones por acoso sexual y violación, no hay sentencia de culpabilidad que lo inhabilite. El problema es que el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece esta pena y ninguna otra para la falta. Es quizá una ley injusta, pero es la ley.
El INE no tiene más opción que aplicar la ley. Morena apelará nuevamente al Tribunal Electoral y es ahí donde puede haber un cambio. Los magistrados pueden considerar la inconstitucionalidad de la legislación, quizá porque niegue el derecho de un ciudadano a ser votado por una falta administrativa y el derecho de los ciudadanos a votar por el candidato de su predilección; pero el INE no tiene facultades para juzgar la inconstitucionalidad de las leyes: solo puede aplicarlas.
Mario Delgado, presidente de Morena, reiteró nuevamente este martes pasado su amenaza de impulsar juicios políticos contra los consejeros. "Vamos a impugnar el atraco", afirmó. El presidente López Obrador dijo a su vez: "Es un atentado contra la democracia. Considero que es excesivo el aplicar una sanción así".
Morena, sin embargo, lleva ya casi tres años como mayoría en el Congreso. Delgado, incluso, fue coordinador de los diputados federales del partido durante dos años, pero sus legisladores no hicieron ningún esfuerzo por derogar o matizar el artículo de la ley que hoy cuestionan. Quizá habría que hacer un juicio político a esos legisladores que fueron omisos para derogar un artículo que dicen viola los derechos constitucionales de los aspirantes a cargos de elección popular.
Es posible que el Tribunal Electoral restituya las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán. Los magistrados han mostrado una gran cercanía a las posiciones del gobierno de López Obrador y pueden argumentar que la ley viola los derechos políticos de los aspirantes. Hay precedentes jurídicos para fallar en ese sentido. Sin embargo, lo que debería ser inaceptable hoy y siempre es que un partido presione con amenazas a consejeros o magistrados para que fallen a su favor.
«¿Qué consecuencias? Las que la ley contempla. Nada más, pero nada menos«.
EXPROPIAR
Ciro Murayama
El 25 de enero pasado el gobernador bajacaliforniano Jaime Bonilla criticó al entonces alcalde de Tijuana, Arturo González, su rival dentro de Morena, y amenazó con expropiar el Club Campestre que González había presidido. Ahora ha comenzado el proceso. Al parecer, hoy en Baja California se usa la expropiación como arma política.