Háganle como quieran: Slim

Darío Celis Estrada

Que le hagan como quieran: si quieren expropiar, adelante. Palabras más palabras menos contestó Carlos Slim a uno de sus representantes en la negociación de su concesión de reclusorios con el gobierno federal. El mensaje llegó de inmediato a Andrés Manuel López Obrador y este sábado aparecieron, ambos, enfundados en sendas guayaberas blancas, posando bajo la ceiba más grande del rancho presidencial. El encuentro se dio escasas horas después de que los cinco concesionarios de los ocho penales federales que se asignaron en el sexenio de Felipe Calderón terminaran de pactar el descuento a la 4T. “Se privatizaron los reclusorios… El costo para el gobierno es equivalente a mantener un hotel de 5 estrellas.. Estamos hablando de miles de millones de pesos… Ya di la instrucción de que se revisen esos contratos porque son un fraude..”, dijo López Obrador el pasado 29 de diciembre. El Presidente pidió a su Consejero Jurídico, Julio Scherer, actuar por dos vías: una, negociar ajustes a la baja en la contraprestación en beneficio de la Hacienda pública; y en paralelo, preparar denuncias civiles para cancelar los contratos si la contraparte no aceptaba. Jueves y viernes de la semana pasada los representantes de esos cinco concesionarios, incluido el de Slim, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que lleva Rosa Icela Rodríguez. Y es que si bien Scherer fue el que en primera instancia pidió el ajuste de 20% que exigió López Obrador al mismo Carlos Slim, Olegario Vázquez Aldir, Hipólito Gerard, Guadalupe Phillips y a Black Rock de Larry Fink, a la SSPC tocó aterrizarlo. Las formas para lograrlo desde el principio fueron rudísimas. Con la espada de Damocles, en un tiempo récord de cuatro meses, todos los concesionarios tuvieron que ajustar sus planes de negocios y estructuras financieras para bajar costos y dar ese 20% de descuento. A Slim no le gustó cómo lo presionaron. A manera de chantaje le pusieron por delante dos carpetas de investigación, el mismo estilo con que en estos más de dos años el gobierno de la 4T y los pupilos del Presidente les ha dado por “negociar”. Fue el mismo modus operandi con que Raquel Buenrostro ablandó a José Antonio Fernández Carbajal, el número uno de FEMSA, para que el consorcio regiomontano encajado en el comercio y la producción de cervezas y refrescos pagara al SAT 8 mil 790 millones de pesos. Unas semanas antes el mismo Slim no esperó a que le aplicaran la misma que a “El Diablo” Fernández y lo sentaran en el mismo banquillo: pagó al SAT otros 8 mil 290 millones de pesos de América Móvil. Pero por lo que se ve, el magnate de México, rankeado en la posición 16 como hombre más rico del mundo, con una fortuna de 62 mil 800 millones de dólares, ya se cansó de la 4T y de las formas en que López Obrador está apretando a los empresarios. Y la gota que derramó el vaso fue esta negociación de los centros penitenciarios de Chiapas y Morelos, los cuales Slim está dispuesto a que le quiten ya, lo que implicaría enfrentar la denuncia civil por supuesta corrupción con la que amagó el 13 de enero López Obrador. No está fácil el ajuste que pide el Presidente. En todos los penales están invertidas las afores y en el caso particular de Slim está cruzado financiamiento de Banobras, que dirige Jorge Mendoza, crédito que se tendría que reestructurar a toda velocidad. Así que de eso hablaron muy seguramente Slim y López Obrador el sábado, en ese lugar recóndito que se llama La Chingada, al que nadie quiere ir. LA PREGUNTA QUE deambula en el sector privado es qué va pasar con Francisco Cervantes, el presidente de la Confereación de Cámaras Industriales (Concamin). Era la carta de Andrés Manuel López Obrador para que asumiera la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en mayo, una vez que Carlos Salazar oficializara que no repetiría por tercer año. A Cervantes la 4T le allanó el camino vía la entonces secretaria de Economía, Graciela Márquez, que torció la Ley de Cámaras para extenderle la presidencia de la Concamin un año más. La jugada era mantenerlo más allá de febrero pasado, cuando acabó su gestión, y saltar en mayo próximo al CCE bajo la idea de que Salazar no se reeligiría. Pero pasó lo contrario. A Salazar le pidieron el Consejo Mexicano de Negocios y el Grupo de los 10 de Monterrey aguantar otro año, porque abrirle el paso a Cervantes era entregar el CCE a López Obrador. EN LA SUPREMA Corte está sucediendo más o menos lo mismo con este albazo del jueves pasado, con el que se pretende ampliar dos años más la presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la máxima instancia de procuración de justicia del país. Independientemente de que el ministro sigue desaparecido y no ha dicho si lo toma o lo declina, el gran perdedor en este juego y rejuego de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-mena. Y es que si a alguien la 4T le había ofrecido relevar a Zaldívar, fue al jefe del SAT en el gobierno de Felipe Calderón. Recuerde que su voto a favor de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador fue decisivo para que la Corte determinara en octubre pasado constitucional enjuiciar ex presidentes. EL 18 DE marzo Andrés Manuel López Obrador presentó acciones de gobierno para rescatar la industria de los hidrocarburos. Una fue el compromiso con los trabajadores de Pemex de no despedirlos y respetar sus condiciones loborales. Pero todo lo contrario. Desde la Dirección Corporativa de Administración, a cargo de Marcos Herrería, y con la complacencia de Octavio Romero, se decidió despedir arbitrariamente a funcionarios adscritos a la Dirección de Planeación, la mayor parte con antigüedades superiores a 20 años. En contraste, gran cantidad de personas sin preparación técnica ni experiencia han sido contratados por el único “mérito” de ser familiares, amigos o hasta parejas sentimentales de los directivos en turno, poniendo en riesgo la operación de Pemex. CON LA APLICACIÓN de la prisión preventiva al ex senador Jorge Luis Lavalle, no hay vuelta de hoja: el próximo paso del juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuente Tapia, será llamar a declarar a Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Salvador Vega, David Penchyna y Luis Videgaray. Asimismo, al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a quien se le cancelería el criterio de oportunidad y se le giraría orden de aprehensión. Esto podría suceder en mayo, a unos días de las elecciones intermedias del 6 de junio, igual que el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.