Reflexiones sobre la ética en la aplicación de las vacunas contra la covid-19
Las consideraciones éticas son fundamentales a la hora de decidir sobre la distribución de las vacunas, sobre todo cuando nos encontramos en una emergencia sanitaria como la que vivimos en todo el mundo.
En nuestro país, en el que el contexto de pobreza extrema, desnutrición, inseguridad, bajos niveles de alfabetización e infraestructuras deficientes son el común denominador de la población el suministrar alimentos, agua y refugio, así como limitar la aparición de brotes de enfermedades transmisibles, deben representar las principales preocupaciones y prioridades de nuestras autoridades.
Cuando se dispone de vacunas eficaces y seguras para reducir el riesgo de incremento de brotes de enfermedades, la distribución potencial de las mismas constituye un factor clave en las situaciones de emergencia sanitaria. La asignación de vacunas con suministro limitado, los grupos destinatarios de estas, las estrategias de entrega, así como la monitorización y los estudios durante las emergencias humanitarias graves implican consideraciones éticas que, a menudo, derivan de un enfrentamiento entre el beneficio individual y el bien común.
La ética aplicada a las ciencias de la vida tiene como uno de sus principales principios el de la “justicia”.
Esto es, que todo aquel desarrollo terapéutico, toda vacuna o tratamiento perfeccionado para mejorar la salud de las personas debe ser accesible a todo el mundo, sin distinción de género, de origen, de edad, de estado social, de nivel económico.
El Boletín de la Organización Mundial de la Salud, publicado en abril de 2013, titulado “Consideraciones éticas para los programas de vacunación en las emergencias humanitarias graves”, suscribe la importancia de los problemas éticos que los responsables políticos deben tener en cuenta a la hora de considerar cómo distribuir vacunaciones masivas durante las emergencias humanitarias, lo cual incluye principios como la beneficencia, el deber de atención, la regla del rescate, la no maleficencia, la autonomía y el consentimiento, así como la justicia distributiva.
En octubre de 2020, la misma Organización Mundial de la Salud señaló dos aspectos para tener en cuenta en las estrategias nacionales de vacunación: decisiones basadas en evidencias y valores éticos, siendo estas: la integridad/liderazgo y transparencia.
La integridad remite al cumplimiento de obligaciones, por encima de cualquier interés o influencia, creencias e ideología.
El liderazgo implica trabajar siempre al servicio de la ciudadanía y hacerlo, además, de forma ejemplar.
Y la transparencia en las actuaciones significa que estas serán realizadas de manera fidedigna, motivada y pública. Junto con el acceso a la información pública, es eje fundamental de todas las actuaciones políticas.
Las decisiones sobre quiénes podrían beneficiarse (o no) de tales recursos tendrían que basarse en criterios éticos, no solo en criterios técnicos.
Tener en cuenta el marco ético y trasladarlo a las prácticas es, sin duda, una “prioridad justa”.
La “prioridad justa” propone beneficiar a las personas y limitar el daño. De este modo, se prioriza la administración de la vacuna a los más desventajados, sin discriminar por motivos arbitrarios, como raza o sexo. Es por ello por lo que resulta razonable que la población vulnerable, los trabajadores sanitarios y de servicios mínimos sean los primeros en inmunizarse frente al coronavirus.
Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!