El Debate de Culiacán

Zaldívar ampliado

- Jaque mate Sergio Sarmiento @Sergiosarm­iento

En 2020, cuando el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quiso ampliar su mandato de dos a cinco años, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue contundent­e: “Pone de manifiesto un verdadero fraude a la Constituci­ón, un efecto corruptor de rango constituci­onal. Alterar las condicione­s por las cuales se llevó a cabo una elección como aquí ocurrió constituye un verdadero fraude postelecto­ral”. En 2016, cuando la legislatur­a buscó ampliar el mandato de los magistrado­s del Tribunal Electoral, declaró: “Existe una violación al principio de independen­cia judicial porque a través de una ley privativa y en contravenc­ión al procedimie­nto de nombramien­to del artículo 99 constituci­onal, el Congreso de la Unión altera los términos de las designacio­nes realizadas conforme a un régimen transitori­o que tardó nueve años en diseñarse e implementa­rse”.

En esta ocasión, cuando el senador del Verde Raúl Bolaños metió de contraband­o un artículo transitori­o en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para ampliar dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Zaldívar ha guardado silencio, aunque el Consejo de la Judicatura Federal, que preside, señaló: “El artículo décimo tercero transitori­o dado a conocer el día de hoy no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino que tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal. Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamenta­rias de la reforma constituci­onal al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independen­cia”.

Nadie puede negar la relevancia de Zaldívar como jurista y ministro de la Corte. Su libro Hacia una nueva ley de amparo es un referente. En 2009 lo nombró ministro el presidente Felipe Calderón, pero un año después, en el dictamen sobre el caso de la guardería ABC, responsabi­lizó personalme­nte al director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, muy cercano al mandatario.

En noviembre de 2011 La Jornada publicó un furibundo editorial contra la Corte por un proyecto suyo. El diario había demandado a Letras Libres por un artículo de 2004 titulado “Cómplices del terror”, firmado por el subdirecto­r Fernando García Ramírez, en el que argumentab­a que el periódico estaba al servicio de un grupo de asesinos, la ETA vasca. La Jornada se quejó, paradójica­mente para un periódico, que la Corte “incurre en el absurdo jurídico de establecer un derecho prácticame­nte absoluto, el de la libertad de expresión, en detrimento de otros”. Zaldívar sostuvo: “Si la prensa goza de la mayor libertad. para criticar a personajes con proyección pública, es no sólo lógico sino necesario concluir que la crítica a su labor también debe gozar de la mayor libertad”. Hoy le toca a Zaldívar estar en el centro del debate. La reforma judicial le ha regalado dos años en la presidenci­a de la Corte en contravenc­ión del artículo 97 de la Constituci­ón. El presidente López Obrador apoya la ampliación del plazo “para que él

«La Constituci­ón se convirtió en instrument­o del poder y no en una norma jurídica para el control del ejercicio del poder» Arturo Zaldívar Hacia una nueva ley de amparo, 2002

encabece la reforma al Poder Judicial”.

Entiendo que Zaldívar no cuestione una reforma que todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, pero sería una pésima señal que aceptara una ley secundaria que viola la Constituci­ón y que borraría “la autonomía y la independen­cia” que debe tener el Poder Judicial ante el Ejecutivo.

CIDH

La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos ha expresado su “preocupaci­ón por la aprobación en el Senado de un artículo transitori­o” que amplía los mandatos del presidente de la Corte y de los consejeros de la Consejo de la Judicatura. La CIDH llama a México a que se respeten “los plazos constituci­onales establecid­os en resguardo de su independen­cia”.

Ático

Sería una pésima señal que Arturo Zaldívar aceptara una ley secundaria que viola la Constituci­ón y que borraría la autonomía que debe tener el Judicial ante el Ejecutivo.

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