Padrón: atacan síntomas, no la enfermedad
Reformas como la de la Fiscalía General de la República o la del Poder Judicial Federal, incluyendo la prolongación o del mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar son sin duda trascendentes y reconfiguran el mapa institucional e incluso constitucional.
Pero a la gente pocas cosas le han importado más en estos días que el aprobado padrón de usuarios de la telefonía celular, a través del cual tendrían que entregar a la empresa de servicios, al momento de contratar una línea (o quienes ya la tenemos contratada), numerosos datos personales e incluso biométricos. La magnitud del tema se puede medir simplemente asumiendo que en el país hay 126 millones de líneas de celular, prácticamente uno por habitante. La construcción de un padrón de usuarios es una vieja demanda de las áreas de seguridad. A esta administración no le gusta recordarlo, pero el primero que insistió en ese tema, y se logró la aprobación de una ley en ese sentido, fue Genaro García Luna, incluso antes de ser secretario de Seguridad Pública, desde la extinta Agencia Federal de Investigaciones. Contar con un padrón, como el que se aprobó en 2009 era una demanda que se tornaba necesaria por la utilización de celulares sin identificar para diversos delitos, en forma notable la extorsión y el secuestro. Ese padrón fracasó y en 2012 fue destruido, luego de que hubo evidencia de que sus datos eran comercializados en forma clandestina. Los celulares sin identificar, que son por lo menos la mitad de los que se utilizan en el país, han seguido desde entonces siendo utilizados por los grupos criminales para la extorsión, el secuestro y muchos otros delitos. Por eso, desde la secretaría de seguridad nuevamente surgió la iniciativa, sumando a ese padrón muchos otros datos, que van hasta el límite de la información biométrica de los usuarios.
El problema, como sucedió con el padrón aprobado en 2009 y aumentado por los términos de la nueva ley, es que un ordenamiento de estas características viola el derecho a la privacidad, que se podrá argumentar que siempre es acotado por el beneficio comunitario, pero en un contexto de profunda desconfianza en las autoridades, y con una percepción de inseguridad en el país que sigue estando arriba del 64 por ciento, según los últimos datos del Inegi, el miedo a que esos datos terminen más en manos de los delincuentes que de las autoridades, es completamente justificable.
La contradicción entre las exigencias de la seguridad pública y los derechos ciudadanos debe solucionarse de otras formas. Debe existir sí un padrón de usuarios, como en muchos otros ámbitos, pero no veo porqué tiene que contar hasta con datos biométricos (imposibles de obtener y resguardar sin una inversión de miles de millones de dólares). En los hechos las otras 16 naciones que utilizan este tipo de información en sus padrones telefónicos son, casi sin excepción, dictaduras o gobiernos absolutamente autoritarios (o con una fuerte debilidad institucional, como Perú). Ninguna democracia tiene un padrón de esas características.
El padrón debe construirse, pero se debe hacer sobre bases más concretas y realistas. Pero de nada servirá si no se termina, por ejemplo, con el mercado negro. Hoy se puede ir a un tianguis de cualquier ciudad del país y comprar un celular, que suele ser robado, y ahí mismo se consiguen chips para utilizarlos. La seguridad pública tiene que comenzar por desmantelar esos mercados.
Hace años que se aprobaron leyes para impedir el uso de celulares en los reclusorios. No creo que haya uno solo donde la ley se cumpla o donde las señales estén bloqueadas. Hay quienes argumentan que no bloquear celulares en los reclusorios tiene razón de ser para interceptar llamadas entre delincuentes recluidos y sus socios en la calle. No tiene sentido. Si no se puede impedir el ingreso de celulares o chips a los reclusorios, lo que se debe hacer es bloquear señales. También se dice que de esa forma se terminan bloqueando las comunicaciones de los vecinos. Puede ser, pero siempre resultará menos costoso que tener a cientos de delincuentes extorsionando u operando desde las cárceles. Hay lugares, además, ya identificados claramente con esa actividad: muchas de las denuncias de extorsión provienen, por ejemplo, de llamadas de cárceles de Tamaulipas y no puedo imaginar porqué no se puede bloquear esa forma de operación.
En otras palabras, el padrón es necesario pero debe adecuarse a nuestras realidades, pero lo verdaderamente importante es atender la enfermedad, no sólo los síntomas. Y la enfermedad está en el mercado negro, en la venta indiscriminada de líneas sin registro alguno y en cortar de una vez por todas las comunicaciones clandestinas en los reclusorios del país, sean federales o locales. ¿Cómo explicarle sino a la ciudadanía que tenga confianza en entregarle a empresas y funcionarios toda su información si al mismo tiempo se comprueba cotidianamente que no se puede garantizar ni siquiera el control y la seguridad, incluyendo las llamadas de extorsión o para otros delitos, desde dentro de las cárceles que deberían ser el lugar por antonomasia para el control del Estado sobre quienes están allí recluidos?