Inseguridad: tema vedado

TEMAS TABÚ. Quizá porque la inseguridad es de los principales rezagos por resolver en Sinaloa, candidatos y candidatas evitan hablar del tema. En el debate celebrado la semana pasada, ninguno hizo propuestas concretas para enfrentar la inseguridad que aqueja a la entidad; nada se abordó sobre la narcoviolencia, mucho menos la alta presencia del crimen organizado y la impunidad, que prevalece no solamente en homicidios dolosos, sino en feminicidios y violencia contra mujeres. Nada se dijo sobre lo fallido que ha resultado, hasta la fecha, el nuevo sistema de justicia penal; el incremento de las adicciones, que lamentablemente se han multiplicado en Sinaloa y en el país; mucho menos se abordó el tema del lavado de dinero, que como avalancha crece y se desborda en Sinaloa. Cero compromisos frente al incremento del armamentismo, la desarticulación y debilitamiento de las policías locales y estatales, la ausencia de suficientes grupos de investigación criminal, de peritos especializados, de tecnología que ayude a la investigación criminalística. Mucho menos se abordó el tema del incremento de la violencia contra mujeres en Sinaloa; pese a que en los últimos 10 años ha crecido en más del 200 por ciento la violencia contra mujeres en el hogar, y se ha duplicado la violencia sexual, la explotación y violación de menores, nada de ello ocupó ni preocupó a los candidatos y candidatas.

Menos se aborda el tema de la injerencia de grupos de la delincuencia organizada en campañas políticas, sobre todo en algunas comunidades y municipios serranos, tema tabú que también ha sido ignorado por gobernantes en la entidad y por los dirigentes de los partidos políticos y contendientes, al igual que por las autoridades electorales. Todos, como Carlos Salinas de Gortari en su momento, se hacen como que “no ven ni escuchan” que la narcodelincuencia está incidiendo, tomando partido y presionando en algunos lugares de los altos de Sinaloa. ¿Será?

Seguramente todos temen, pero quienes gobiernan o buscan gobernar Sinaloa saben que Sinaloa desde hace décadas ha sido tierra de grandes narcotraficantes y con alta presencia de cárteles de la droga, y si asumen la responsabilidad de promover el respeto a la ley, garantizar la seguridad, transparencia, equidad y legalidad en el proceso, no deben hacerse los occisos frente al poder del narcotráfico y su incidencia en el proceso electoral en curso. ¿O no? Y no porque creamos que las y los contendientes, así como las autoridades electorales, deben enfrentar a grupos delincuenciales, eso corresponde a fiscalías y autoridades policiacas, pero sí deben reportar incidencias y la injerencia de esos grupos a autoridades del estado y a nivel federal. ¿O no?

JUSTICIA DENEGADA. En materia jurídica hay un principio que dice: “justicia retrasada es justicia denegada”; y ello aplica en todos los órdenes jurisdiccionales, que cada vez están peor en cumplimiento de términos y plazos para resolver conflictos. Sin embargo, en materia electoral, se supone que por la urgencia y poco plazo en las campañas, el Tribunal Electoral está obligado a resolver con mayor prontitud. Sin embargo, vemos con preocupación el retraso en juicios para la protección de los derechos políticos de los y las ciudadanas, como el promovido por el Colectivo de Mujeres, impugnando la falta de respeto a la paridad total en Sinaloa, al no postular a mujeres en las presidencias municipales de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, por parte de la alianza Morena-pas y del PRI-PAN-PRD, que incumplieron con la Constitución al omitir tener mujeres candidatas en alcaldías de mayor población, competitividad y desarrollo económico.