El fin de los privilegios

Luego de diez años de resistencia por parte de la casta dorada de la burocracia mexicana fue aprobada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, así como que las remuneraciones de la burocracia sean suficientes y justas pero que no signifiquen un dispendio insultante para la sociedad.

Originalmente esta ley fue aprobada por la Cámara de Senadores en noviembre de 2011. Sin embargo, dicho ordenamiento legal fue congelado hasta que en el año 2018 la nueva mayoría le dio luz verde nuevamente. A pesar de eso, el entonces titular del Ejecutivo federal omitió publicarla. Fue el Senado, de acuerdo a sus atribuciones, el que ordenó que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación y, por lo tanto, que entrara en vigor.

Una vez publicada se interpusieron diversas acciones de inconstitucionalidad, muchas de ellas vinieron de las castas doradas que se enriquecieron con los presupuestos de los órganos autónomos. Finalmente, el Congreso elaboró una reforma general para atender los criterios ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ley aprobada es congruente con la política de austeridad republicana que ha implementado el actual gobierno federal y tiene como fondo el mandato del artículo 127 de la Constitución, que establece: "Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente".

Pocas veces una ley ha enfrentado tanta resistencia. Tuvo que pasar una década para ser aprobada y poder frenar los salarios estratosféricos que tanto han ofendido a una sociedad que durante los 30 años de neoliberalismo tuvo que apretarse el cinturón mientras miraba cómo la riqueza económica de los miembros de la burocracia dorada de los tres órdenes de gobierno se incrementaba sin límites.

Se dio el fenómeno del bonismo, que sumó a las altas remuneraciones formalmente aprobadas ingresos estratosféricos extra. Había sueldos de 200 mil, 300, mil, 400 mil, 500 mil pesos para servidores públicos y a eso se agregaban los sobresueldos, los bonos y otro tipo de prestaciones.

Mientras los neoliberales adelgazaban al Estado social, engordaban los salarios y las altas prestaciones de los servidores públicos del más alto nivel.

Esta élite beneficiada por el dispendio resistió largas décadas. Y en el lapso final de este régimen dispendioso, se vieron escenas penosas como la de diversos presidentes de órganos autónomos acudiendo a la SCJN para defender sus privilegios.

Por ejemplo, vimos al anterior titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudir al Máximo Tribunal a defender su estratosférico sueldo, pero nunca acudió a defender el miserable salario de los trabajadores, ignorando incluso que el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mandata: "Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, su existencia". El hecho pinta de pies a cabeza la ideología y falta de estatura moral de esa élite que conculcó los derechos de todos a favor de salvaguardar los privilegios de ellos, unos cuantos, a los que la gente derrotó en 2018.

En todo caso, el mandato de las urnas fue transformar para que haya menos desigualdad. Parece que se está cumpliendo.