Zaldívar no pasará

Ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos días conlleva una especial responsabilidad. La gran mayoría se ha tirado para atrás, al cuasi anonimato. No quieren llamar la atención. El Poder Judicial y los integrantes del Consejo de la Judicatura están en el ojo del huracán gracias a Andrés Manuel López Obrador y a su máximo representante, el ministro presidente Arturo Zaldívar. Este último hace malabares para convencer que no sabía nada del regalazo que desde Palacio Nacional le preparaban: un transitorio a modo para extender dos años su presidencia colaboracionista con la 4T. El presidente López Obrador necesita a Zaldívar porque es el único que le garantiza no tanto la reforma judicial que pregona, sino el blindaje jurídico frente a las demandas de amparo contra todas sus iniciativas. Apunte la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos, la Ley del Servicio Ferroviario, el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, el rediseño del espacio aéreo, el Tren Maya y muchos otros expedientes. Así como Zaldívar tomó el teléfono y llamó a senadores clave para pedir su voto a favor del transitorio que le extendería la Presidencia, hará lo mismo para influir entre sus propios compañeros ministros. Pero ahí es donde ni el jurista ni la Presidencia de la República la tienen segura. Zaldívar no tiene la garantía de que ocho de los diez votos que necesita para permanecer dos años más, los tendrá. Por eso hoy más que nunca los integrantes de la Suprema Corte juegan un papel histórico: de ellos depende que se consume el plan Amlo-zaldívar, que abrirá la puerta a más cambios inconstitucionales. Zaldívar ya dijo que se excusará y no votará y se cree que al menos otros dos ministros tampoco lo harían por un asunto de conflicto de interés: Alfredo Gutiérrez Ortiz-mena y Alberto Pérez Dayán. Quienes tendrían la responsabilidad de inclinar para un lado u otro la balanza de la justicia serían ocho ministros, de los que cuatro no fueron propuestos por López Obrador, contra tres que sí le deben a él la posición. Hablamos de Luis María Aguilar, Javier Laynez, Fernando Franco y Norma Piña, contra Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat y Jasmín Esquivel Mossa. El caso de Gutiérrez Ortiz-mena es interesante: cree que puede ser el próximo presidente: su voto hizo constitucional la consulta ciudadana de López Obrador para proceder a enjuiciar a los expresidentes. Ahora que el ambiente está muy caliente en la Corte y la mayoría de los ministros guarda cierta distancia de los reflectores, la que se está haciendo lobbing a todo lo que da es Jasmín Esquivel. Dicen que la exmagistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo está muy echada para adelante y que va con todo para ser la próxima ministra presidente. La esposa del estructurista José María Riobóo es el principal obstáculo del ministro presidente Zaldívar. Pero tampoco pierda de vista a Gutiérrez Ortiz-mena, pese y a su extracción priísta. TAL Y COMO le adelanté el jueves pasado, Cinépolis llegó a un acuerdo de capitalización que es una combinación de nuevos créditos frescos de sus acreedores y una aportación de capital de sus accionistas. El esquema, presentado por Lazard Advisory, que comanda Alejandro Capote, el banco de inversión contratado por la cadena de salas de cine como asesor de la reestructura financiera, implica la autorización de una línea de 200 millones de dólares en la que participan principalmente los acreedores que lideran el comité: BBVA, de Eduardo Osuna; Banorte, de Carlos Hank González; HSBC, de Jorge Arce; Santander, de Héctor Grisi, y Bank of America, de Emilio Romano. Estos son representados por FTI Consulting de Brock Edgar y Vicente González, y por el despacho Creel, Garcíacuéllar, Aiza y Enríquez, que comanda Carlos Aiza. En paralelo los principales accionistas aportarán 100 millones de dólares adicionales. Apunte al CEO, Alejandro Ramírez Magaña, su padre Enrique Ramírez Villalón y sus tíos, Marco Antonio, Eduardo Florentino y Jaime. A ellos los asesora Skadden Arps, que representa aquí Alejandro González, y en lo legal Galicia Abogados, que capitanea Manuel Galicia. LOS QUE TAMBIÉN se están moviendo para evitar que algún acreedor los demande son los de Altán Redes. La empresa que preside Bernardo Sepúlveda y dirige Salvador Álvarez está negociando un stad-still de por lo menos tres meses. La compañía puso a trabajar en esa ruta a sus despachos de abogados. Ads-moelis, de Isauro Alfaro, Ricardo Dávila y Pedro Scherer, tiene la consigna de sentar a Bancomex-nafin, que dirige Juan Pablo de Botton, y a Banobras que lleva Jorge Mendoza, lo que no se ve tan complicado. El problema son el China Development Bank que conduce Zhao Huan, Huawei de Ren Zhengfei y la finlandesa Nokia que preside Pekka Lundmark, amén de Santander de Ana Botín con la que Altán contrató derivados financieros. La compañía ya acordó una primera capitalización de 70 millones de dólares de un total inicial de 120 millones. Pero el monto es a todas luces insuficiente para el tamaño del pasivo y sobre todo para los requerimientos de capital a fin de cumplir sus compromisos de conectividad con el gobierno de la 4T. POR VICIOS EN el proceso, las órdenes de aprehensión contra Gonzalo Gil y Miguel Ángel Villegas, de Oro Negro, fueron canceladas por el Quinto Tribunal Colegiado. En la resolución, los magistrados confirmaron que las empresas de los bonistas no tienen nada que reclamarle a Gil ni podían haberlo denunciado, ni iniciado la investigación penal ante las autoridades de la CDMX, lo que evidencia faltas claras al debido proceso. De esta manera se certificó ante la Interpol la cancelación de las fichas rojas internacionales, pero las huestes de Ernestina Godoy insisten en incriminarlo, lo que permitiría a sus socios norteamericanos fortalecer el caso de persecución en el arbitraje en contra del Estado mexicano. Este caso evidencia los niveles de corrupción que existen en el poder judicial de la CDMX, donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, debe poner especial atención porque ya son varios casos en los que se comprueban acciones judiciales no sustentadas, exhibiendo que la justicia en la capital del país está al mejor postor. EL QUE PERDIÓ la brújula fue David Camacho, el flamante director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Le había platicado que lo formalizaron en el puesto sin experiencia alguna y desde que llegó empezó a repartir contratos a sus cuates. La última de este personaje fue que el viernes corrió a Evaristo Iván Ángeles Zermeño, José Luis López Amaya y Ricardo Jesús López Flores. Se trata de los directores de Asuntos Jurídicos, el de Verificación y Supervisión y el de Administracion. ¿Sabe por qué los removió? Porque ninguno estuvo de acuerdo en esta Ley del Servicio Ferroviario que los de Morena aprobaron la semana pasada y que es considerada inconstitucional. Reduce de 50 a 35 años las concesiones y plantea multas de hasta 3 mil millones de pesos. Tan inexperto e ignorante es Camacho que se saltó a Julio Scherer y a Arturo Herrera, que como consejero jurídico de la Presidencia y secretario de Hacienda, son los que tienen la atribución de quitar y poner funcionarios.