Marina vs SCT
El próximo 1 de junio la Coordinación de Puertos de la SCT será elevada de rango a Subsecretaría y estará bajo la tutela del almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina Armada de México. Y uno de los problemas que se van a presentar al interior de la administración pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es cómo se va a ejecutar la línea de mando. ¿Por qué? Porque al frente de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante estará la capitán de altura Ana Laura López y muchos de los directores de las Administradoras Portuarias Integrales son almirantes.
La línea jerárquica de mando es de arriba hacia abajo, no al revés, aunque sean jubilados. Y esta “línea de mando”, que parece intrascendente, no es ni remotamente así.
Los nuevos directores de esas administradoras van a tomar decisiones millonarias sobre el dragado de los nuevos puertos, las nuevas obras y de reparación de los puertos, los seguros de las obras de infraestructura y los permisos y concesiones que se otorgan a terminales marítimas y portuarias.
La Secretaría de Marina, con la nueva estructura de los puertos, va a ser tan poderosa en recursos y presupuesto como la Secretaría de la Defensa Nacional, la que comanda Luis Cresencio Sandoval.
Así, la Defensa mandará en las aduanas y la Marina en los puertos, punto de entrada y salida de mercancías, insumos para la industria y el comercio, pero también de estupefacientes. Para las empresas que viven del comercio exterior mexicano el que los marinos controlen toda la operación portuaria tiene dos lecturas: una buena y otra mala.
La primera es que en el mediano plazo las decisiones de los marinos podrían llegar a ser más expeditas, bajar el nivel de corrupción que existe hoy y que los negocios tengan certeza jurídica y económica en el largo plazo. La mala es que los marinos no saben negociar, saben imponer. Hace un mes en
Topolobampo hubo una manifestación de pescadores. Un día después del mitote los dirigentes fueron encarcelados y luego liberados.
Pero el mensaje quedó claro en la industria portuaria: aunque los marinos entienden rápido, no están capacitados para atender una operación de civiles, una operación de negocios internacionales.
Pueden convertirse en un cuello de botella en el despacho de exportaciones, pero sobre todo de importaciones de componentes químicos.
Todo puede estar escalando al almirante
Ojeda Durán y al subsecretario de Marina, el almirante José Luis Arellano Ruíz.
Y “la línea de mando” puede terminar en un embudo, sobre todo en la asignación de contratos, como es el caso de la consolidación y contratación de los seguros, que por cierto en este momento están desiertos.
LA TRAGEDIA DE la Línea 12 del Metro va ser el waterloo de Mario Delgado, el belicoso, marrullero y, por lo visto, fracasado dirigente de Morena. Su actuación como secretario de Finanzas del desaparecido Gobierno del Distrito Federal (GDF) fue fatal en todo el proceso de la licitación de esta obra que ya cobró 25 vidas. Contrató 35 trenes que terminó rentando a la empresa china Norico por la friolera de 650 millones de dólares. Fue por asignación directa y a un sobreprecio de 378% del costo original. Se consintió que Carso, de Carlos Slim, cambiara el material, de concreto a acero, del viaducto elevado que se derrumbó el lunes. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, Delgado se puso a especular con recursos del proyecto y del gobierno de la ciudad en papel de Metrofinanciera, la sociedad financiera de objeto limitado que a la postre quebraría. En la lista de acreedores figuró el GDF y la Línea 12 del Metro.
MAÑANA EL FONATUR, que dirige Rogelio Jiménez Pons, va recibir ofertas para la adquisición de material rodante y sistemas ferroviarios para el Tren Maya. Va ser un megacontrato superior a los 20 mil millones de pesos. Ojo porque dos de los postores están hoy en el ojo del huracán por su participación en la Línea 12 del Metro. Se trata de Alstom que preside Henri Poupart-lafarge y CAF que encabeza Andrés Arizkorreta. También levantaron la mano Bombardier Transportation, China Railway Construction, Talgo, Huawei Technologies, Siemens Mobility, Citcocomex, Stadler Rail Valencia, Thales y CRRC Zhuzhou Locomotive.
BANOBRAS, QUE DIRIGE Jorge Mendoza, y Santander, que capitanea Héctor Grisi, darán un crédito a diez años por 4 mil 500 millones de pesos a GIA+A. Servirá para refinanciar el bono de 4 mil 200 millones que el grupo colocó en 2015 y que sirvió para adquirir el penal de Oaxaca, que ahora está obligado a dar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un descuento de 15% en la contraprestación de la concesión. El grupo de Hipólito Gerard está en la misma situación de Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, Carso de Carlos Slim, México Infraestructure Partners que comanda Mario Gabriel Budebo y Blackrock que lleva Sergio Méndez.
LA DEFENSA DE Teófilo Zaga Tawil, recluido en el penal de Almoloya acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, recibió la instrucción de apelar la vinculación a proceso. Tenemos información de que la familia Zaga ha ordenado a su defensa interponer los recursos que correspondan para establecer la inocencia no solo de Teófilo, sino de su hermano Rafael y el hijo de éste. Elías Zaga Hanono. Justo hoy se vence el plazo para apelar el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares, como la retención de Teófilo en ese máximo penal de seguridad, donde se le han violado sus derechos a la libertad de culto.
SOBRE GONZALO GIL, para nada que el accionista de Oro Negro haya evadido la orden de aprehensión. Lo que obtuvo no fue un amparo de fondo, sino para efectos “por vicios formales” y hay que esperar a que salga el engrose. De hecho se está perfeccionando la solicitud. En paralelo la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, vía la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada (SEIDO), abrió otra carpeta de investigación contra el hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
EN LA COMISION Nacional Bancaria y de Valores, de Juan Pablo Graf, la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y contratos que lleva Patricia Ceja, tiene una gran decision en sus manos. Está en marcha la contracción IA-006B00001-E35-2021, donde la firma Tecnopluss ofertó equipos de la marca Dell sin que cumplieran las especificaciones requeridas. También se presentó Synnex con Dell, que lleva aquí Juan Francisco Aguilar, pero con equipos que sí cumplen el total de requerimientos, de ahí la diferencia de precios entre ambas. ¿Será que le adjudiquen a una incumplida y se ponga en riesgo la operación de la institución?