El hombre fuerte de Rubén Rocha y la proeza pasista
Maestro en derecho constitucional y magistrado en retiro, Enrique Inzunza Cázarez está a cargo de la gobernabilidad interior del estado, como principal integrante del gabinete de Rubén Rocha Moya y ayer lo dejó más que claro.
Al encabezar la conferencia semanera de los lunes, el secretario general de Gobierno respondió con claridad a todas las interrogantes de la prensa. Contundente, puso los puntos sobre las íes en los todos los temas que le fueron planteados, con base en las leyes que tan bien conoce. Entre preguntas de los más diversos tópicos, un tema atrajo especial atención. Fue el caso de la antigua Dirección de Gobierno, y la separación de 44 trabajadores de confianza por haber concluido sus funciones o no tener una actividad específica dentro del organigrama de la dependencia que hoy se denomina Dirección de Gobernabilidad Democrática.
Se trata de una de las primeras acciones concretas con las que el gobernador Rocha cumple su compromiso de construir una agenda de derechos humanos distinta, afirmó Inzunza. Hoy, subrayó, el gobierno no se dedica a espiar ni hurgar la vida privada de ninguna persona.
Se deduce, pues, que el personal despedido componía el famoso equipo de “espías” de gobierno.
RIESGOS SANITARIOS Y OTROS CARNAVALES. Con todo y la relevancia de lo antes citado, el punto estelar de la semanera de ayer fue cuando, a pregunta expresa, el maestro Inzunza, como secretario general de Gobierno y como jurista, dejó claro que es el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud estatal, el único facultado para permitir, restringir o prohibir eventos masivos en caso de una emergencia sanitaria, como es la actual pandemia.
La Ley General de Salud, en su artículo 403, detalló el especialista en derecho, establece, como autoridades competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas. La participación de los gobiernos municipales está limitada por los convenios que estos suscriban con el Gobierno del Estado.
El segundo hombre más poderoso del estado tuvo a bien, además, citar textualmente el artículo 65 de la Constitución del Estado de Sinaloa:
“Son facultades y obligaciones del gobernador constitucional del estado las siguientes Fracción XVII: Dictar las medidas urgentes que estime necesarias para la defensa de la salubridad pública del estado”.
Agregó Inzunza Cázarez:
“Está fuera de discusión, la decisión le corresponde a la autoridad sanitaria y al gobernador. Pero esto no es optativo, es vinculante y obligatorio para todos los demás servidores públicos, incluidos los municipales, no es opcional. Hay acciones administrativas, políticas o incluso penal ante el desacato al mandato de la autoridad competente, eso establece el marco constitucional”.
Algo nos dice que se los dijo a Juana para que lo entienda Chona.
PASISTAS CUMPLEN. La estructura del Partido Sinaloense superó con amplísimo margen, el número de firmas ciudadanas exigido por la autoridad electoral para avalar la revocación de mandato presidencial.
Dicho por el presidente del INE: Sinaloa aportó un total de 273 mil 873, de las cuales el PAS obtuvo 164 mil 545. Es decir, los militantes y simpatizantes pasistas lograron reunir el 60.08 por ciento del total de las firmas en Sinaloa. De ellas, por cierto, 159 mil 42 se entregaron en físico en la junta local del INE.
La ley exige el 3 por ciento del listado nominal para la revocación de mandato. En nuestro estado la meta se habría cumplido con 67 mil 565 firmas. Queda claro que esa cifra quedó rebasada con mucho, y más de la mitad del logro se debe a la estructura pasista. ¡Felicidades!