Jubilación dinámica: factores para su viabilidad
De entre todas las iniciativas enviadas recientemente al Congreso de la Unión por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una que ha polarizado opiniones tanto por sus alcances como por su factibilidad es sin duda la que se refiere al sistema de pensiones cuya finalidad es que los mexicanos tengamos una jubilación dinámica, es decir, que la pensión por jubilación sea igual al salario que se percibe como trabajadores en activo. Hasta hoy, la mayoría de las voces surgidas al respecto han tomado partida hacia los dos bandos que existen en nuestro país: los que están con AMLO y los que están en su contra. Pero hasta el momento, más que análisis objetivos y con argumentos, lo que escuchamos son posturas ramplonas y electoreras. Por una parte, están quienes tratan de mover las fibras más sensible del trabajador al monetizar este beneficio social, resultando algo que nadie en su sano juicio rechazaría; sin embargo, por el lado opositor siguen también muy limitados en sus argumentos críticos y con una misma narrativa, enfocada simplemente en cuestionar cómo o de dónde es que se lograría financiar esta tan anheladamente utópica jubilación dinámica. Por eso es que ahora que recién fue aprobado el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual pretende financiarse con las pensiones mostrencas, es decir, las de aquellos ahorradores que una vez sobrepasados los 70 años, no han hecho trámite alguno para reclamar su Afore. Lo mismo se plantea con los recursos de las cuentas del Infonavit y del Issste que no hayan sido reclamados a partir de los 70 y 75 años del cuentahabiente respectivamente. Se supone que este universo de cuentas que se encuentran actualmente en esa situación (casi 2.2 millones de cuentas inactivas que suman alrededor de 40 mil mdp), se complementaría con otras fuentes de financiamiento, como los recursos que se obtengan del proceso de liquidación de la Financiera Rural; de las utilidades que se supone dejará el AIFA y el Tren Maya, y hasta de lo que se recaude por el pomposamente llamado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Hasta ahí y como ya lo dijimos, las críticas se han centrado en aludir a una inminente expropiación de las Afores, y en cuestionar las utilidades, que se dice, provendrán de dichas fuentes complementarias. Pero sucede que en este tema hay otros aspectos muy interesantes a considerar, pero que hasta el momento no se han visto que hayan sido abordados a detalle por los legisladores, esos mismos quienes se supone debieron haberse documentado para definir sus posturas (a favor o en contra), ante una iniciativa de tal envergadura, que si bien fue presentada por Ignacio Mier y compañía, en realidad fue ideada por el propio mandatario nacional. Por ejemplo, se habla de un monto asegurable proveniente de cuentas inactivas de jubilados, pero si como también se dice que no habrá problema para regresar el dinero de las referidas cuentas a quien lo reclame, es lógico pensar que a partir de que fue aprobada esta iniciativa presidencial, se vendrán en cascada reclamos y amparos que disminuirán el monto originalmente contemplado. Por otra parte, está el hecho de que nuestro país lleva una tendencia de envejecimiento, no muy drástica si usted quiere, pero tendencia al fin. Hay evidencias claras de esta orientación, pues mientras el 63.7 por ciento de la población mexicana era menor de 34 años en el 2010, esta proporción bajó al 57 por ciento, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi. En sentido contrario, mientras en el 2010 del total de la población, los mayores de 60 años representaban del 9.06 por ciento, actualmente dicho grupo etario ronda el 13 por ciento. La diferencia acumulable por esta tendencia, es un factor que evidentemente habrá de ejercer una fuerte presión sobre las pensiones por jubilación dentro de los próximos años. Aunado a lo anterior, la política de mantener estables los impuestos, marcará un camino muy escarpado para lograr que el Fondo de marras se mantenga vigente. Recordemos que México tiene una de las tasas impositivas (35 por ciento) más competitivas dentro de los países de la OCDE (42.5 por ciento), pero si consideramos su aún deficiente esquema de recaudación, pretender una tasa de reemplazo en cuanto a una cantidad de jubilación equivalente al 100 por ciento exige ineludiblemente un mecanismo compensatorio. El objetivo sería que no suceda una crisis de viabilidad de pensiones, como la que está ocurriendo actualmente en países que envejecen y cuentan con una tasa de reemplazo muy generosa, como el caso de España, donde esta anda por arriba del 80 por ciento (ni siquiera del 100 por ciento que hoy se propone en México). Y ya no hablemos del factor de la migración que es otro tema a considerar... la duda es si lo habrán previsto nuestros flamantes legisladores.