Lo que no se puede ocultar
Durante décadas no se dejó de señalar a los Gobiernos del llamado viejo régimen en lo que al uso de programas sociales en tiempos electorales se refiere. Llegados los tiempos proselitistas, las críticas arreciaban cuando existía la menor duda de que una decisión en torno a los apoyos que reciben familias de escasos recursos podía ser objeto de manipulaciones a fin de obtener réditos en las urnas.
La entonces oposición —hoy en el poder— hizo de esta denuncia una de sus banderas para condenar los abusos de un sistema que fue tachado de clientelista. No hubo tregua en esta posición, a la que se sumaron organizaciones civiles, medios de comunicación y académicos especializados en asuntos públicos.
Decepcionados habrán de estar quienes creyeron que estas prácticas se erradicarían con la transición política de 2018. No se trata, como lo refiere el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales, de coacción para la inducción del voto, del condicionamiento del sufragio a favor de un candidato, del uso ilegal de fondos para beneficiar a un aspirante o de aportaciones ilegales de recursos a una campaña. Se habla de algo mucho más sutil y que se presta a distintas lecturas.
El pasado domingo, durante la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el presidente López Obrador anunció que reducirá de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores reciban la pensión universal a la que tienen derecho. Además, dio a conocer incrementos en los montos de este beneficio social: este año del 15 por ciento y, a partir de enero próximo y hasta 2024, un aumento del 20 por ciento hasta llegar a un tope de 6 mil pesos bimensuales.
Resultaría ingenuo no creer en el cálculo electoral de esta medida destinada a más de 10 millones de personas mayores de 65 años. No es menor el peso que este segmento de la población representa en materia de votos, mucho más cuando está en riesgo la mayoría en el Congreso, centro neurálgico de este Gobierno que ha hecho de las reformas uno de sus pilares.
El anuncio presidencial no entraría en la categoría de delito electoral, al no reunir ninguno de los supuestos con los que aplicaría este ilícito. Se trata de un asunto que se aproxima más a un compromiso moral que no ha sido cumplido.
No cabe duda de que el presidente López Obrador es uno de los políticos más completos y complejos de esta etapa de la vida pública. Si alguien conoce de estrategias electorales es el hoy huésped de Palacio Nacional y las decisiones que tome, en particular en tiempos electorales, no podrán estar desasociadas de cualquier interpretación de carácter proselitista.
Si tiene cuatro patas, cola y maúlla, seguro es gato, por más que se busque disfrazarlo. Es el caso de este anuncio en torno a uno de los programas insignia de este Gobierno. Imposible esconder la intención electoral de esta decisión.
Segundo tercio. Vienen tiempos complicados en temas de salud pública. Con el inicio del próximo periodo vacacional, existe un alto riesgo de aumento de contagios.
Tercer tercio. La comunicación gubernamental debería estar enfocada en generar conciencia sobre los riesgos que viviremos en las próximas semanas y un inminente nuevo rebote de casos de covid-19.