Bien por esos jueces
Diferentes generaciones de mexicanos han luchado históricamente para que se instituyera en México una república y que uno de sus pilares fuera justamente la división de poderes.
Sin embargo, no siempre ha sido así y habría que decir que a lo largo de la primera mitad del siglo el país buscó su independencia y por décadas padeció guerras intestinas, y que luego en el siglo siguiente, el PRI constituiría un partido hegemónico qué vendría a engendrar, fortalecer un sistema presidencialista, bajo la voluntad de un solo e omnipotente hombre. Desde esas décadas, se empezaron a inscribir trabajosamente luchas democráticas y fue hasta 1977 con la reforma política que se impulsó, cuando empezaron realmente a ejercitarse los valores propios de una república democrática, que en el año 2000 con el cambio de siglo y el triunfo del PAN qué postuló a Fox para la presidencia, se logró la alternancia.
Luego vendrían dos sexenios, uno del PAN y otro del PRI, donde si bien hubo algunos avances, resultaron gobiernos que no obtuvieron los resultados sociales y económicos a los que aspirábamos y seguimos aspirando los mexicanos.
Vino entonces la elección más reciente, a nivel presidencial en 2018, donde abrumadoramente resultó ganador López Obrador y renació la esperanza de que nuestra Nación se encauzará por esos caminos hasta ahora aplazados para decepción de la mayoría de quienes votaron a favor de esa fórmula. López Obrador, en efecto, ha fortalecido el centralismo, la autocracia, la polanización y el voluntarismo autoritario, con parodias incluso cercanas a la ocurrencia, el capricho, y el disparate.
Hoy, se ubica en esa tesitura, el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, pues pretende darle preeminencia a la producción de hidrocarburos por sobre las energías renovables, a pesar de que son más baratas y ecológicas, pero sobre todo quieren cancelar la competencia libre y equitativa en el mercado, que implica una grave contradicción constitucional, ya que esta prohíbe los monopolios.
Tal intención presidencial, topó afortunadamente con un juez valiente y congruente con sentido de la autonomía e independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, como debe ser en una república. Una decisión precedida además en contra del veredicto de instituciones tan apreciables, provechosas y necesarias como la Cofece que ya se había pronunciado por la improcedencia monopólicas tanto de la CFE como de Pemex.
El berrinche presidencial, por esta negativa, ha llegado ya a la propia Suprema Corte de Justicia a la qué pidió intervenir quejándose de una decisión sospechosa del juez en cuestión, donde en principio fue aceptada por quien la preside, el ministro Arturo Saldívar, apenas mascullando la consigna y el refrendo de que tanto el Poder Judicial como los jueces son autónomos e independientes, precediendo una segunda intentona de López Obrador, al anunciar una reforma constitucional que satisfaciera sus intervenciones.
Para ello, se requiere como sabemos de la mayoría de las dos terceras partes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, dónde en una si la tiene y en otra no cuenta con los votos de aprobación necesarios.
En todo caso, lo que realmente necesitaría es una reflexión más profunda junto a la convocatoria presidencial a los sectores involucrados y tomar cuenta los diversos intereses que en materia económica, política, social y hasta cultural se registran o existen entre nosotros, a fin de valorar la procedencia o no de la reforma en los términos en que originalmente fue elaborada por su gobierno.
Aplaudimos entonces en especial el ejercicio libre y autónomo del juez Juan Pablo Gómez, en tanto que es un testimonio ejemplar para el sistema judicial en su conjunto y para el propio presidente de la Suprema Corte, qué tantas sospechas acumula de parcialidad y sumisión ante el Poder Ejecutivo, a diferencia de otros jueces que han marcado con dignidad claramente los límites institucionales y jurídicos frente al Ejecutivo federal. Debemos por lo mismo, todos y todas, impulsar el genuino interés nacional, más allá de partidos políticos e ideologías, reinantes o no.