La autocracia mata a la democracia
Con su abierta intromisión en el Poder Judicial y la necedad de hacer dueto con el titular de la Suprema Corte de Justicia, el presidente López Obrador jamás había dejado tan evidente como ahora su ignorancia de las leyes que juró respetar ni de su abismal desprecio por la institucionalidad. Receloso hasta de la legislación que él mismo hizo prosperar en el Congreso, equivocado y urgido (“no se nos va a volver a presentar una oportunidad así”), sospecha inclusive de los ministros que promovió y le son afines al suponer que solo el ministro Arturo Zaldívar puede hacer prosperar la nueva Ley del Poder Judicial de la Federación: “Se necesita una gente honrada como Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial”, asegura, lo cual sugiere que los otros diez integrantes del Pleno son unos corruptos.
El dedazo implica también que ninguna de las leyes vigentes (desde la de Imprenta, que es anterior a la Constitución de 1917) pueden ser ni han sido aplicadas, pese a que se sabe bien que son las instituciones, no los individuos, lo que articula la vida pública y el desarrollo social.
Cuenta que le preguntaron “pero, ¿no hay otro?”, y se respondió:
“También, de manera categórica, no hay otro, porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen, y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros, estén al
servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados; que los jueces no sean empleados de los potentados, que defiendan al pueblo…”.
Se equivoca de manera rotunda: ningún juzgador tiene por qué estar “al servicio del pueblo”. Se les paga por impartir justicia, misma que se requiere
ciega por la exclusiva razón de que lo que menos importa es a quién beneficien o perjudiquen sus sentencias.
“Durante el periodo neoliberal todo el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, se sometió al poder económico…”,
dijo.
Juicio arbitrario, generalizador, difamatorio y falaz, pero sobre todo injusto: no solo abarca a los jueces, magistrados y ministros, sino a los integrantes de la Judicatura (federal y de los estados), comenzando por su preferido para conservarlo dos inconstitucionales años de pilón en el poder, ya que Zaldívar Lelo de Larrea logró ser ministro porque lo quiso y propuso el neoliberal predecesor de AMLO, Felipe Calderón.
“Apoyo la decisión que tomaron en el Senado y que ahora se va a poner a consideración en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no.
Al final, ellos son los que van a decidir”. Tampoco. Al final, quien tendría que decidir si el atraco a la Constitución y al Poder Judicial prospera es la Suprema Corte de Justicia, y esto sin tomar en cuenta lo que piense Zaldívar, quien tendrá que excusarse de participar en la discusión del canto de sirenas que lo mantienen callado porque sabe muy bien que las leyes no se modifican para favorecer o fastidiar a ninguna persona en específico.