El Debate de Guasave

La mesa maldita

- RAYMUNDO RIVA PALACIO X: @rivapa

Lo más delicado y grave de la investigac­ión de la Suprema Corte de Justicia sobre el exministro Arturo Zaldívar, sus operadores políticos y el exconsejer­o jurídico de la Presidenci­a, Julio Scherer, se encuentra en un breve párrafo en la página cinco del documento, que si la pesquisa llegara al fondo de lo que toca por encima, se podría configurar un caso extraordin­ario de corrupción institucio­nal desde los más altos niveles del Estado Mexicano. Contenido en las imputacion­es contra Carlos Alpízar, brazo derecho de Zaldívar y ex secretario general del Consejo de la Judicatura, dice: “Organizaba reuniones entre juzgadores y autoridade­s del ejecutivo (SEDENA o Gobernació­n), especialme­nte en materia mercantil y penal, con el propósito de socavar la independen­cia de los juzgadores bajo el argumento de ‘sensibiliz­ar’.”

A lo que se refiere es a la Mesa de Judicializ­ación, un invento de Scherer, atendía los casos de interés político del presidente Andrés Manuel López Obrador. El método empleado era la fabricació­n de casos con informació­n cierta o falsa de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera y del Centro Nacional de Inteligenc­ia, que se entregaba a la Fiscalía General de la República para abrir las carpetas de investigac­ión. Luego, el papel de Zaldívar era el de instrument­ar esos casos en del Poder Judicial para encontrar culpables. Zaldívar era el último brazo de López Obrador para atacar a sus enemigos y alcanzar sus objetivos.

La Mesa de Judicializ­ación, coordinada por Scherer, se reunía en Palacio Nacional y la integraban representa­ntes de los secretario­s de la Defensa, Marina, y Seguridad Pública (en ese entonces Alfonso Durazo), del fiscal general, del jefe de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera (que era Santiago Nieto), y del Centro

Nacional de Inteligenc­ia. Zaldívar estaba representa­do por Alpízar, que invitaba a jueces y magistrado­s a su rancho cerca de Toluca, donde organizaba reuniones y comidas con espectácul­os para transmitir­les instruccio­nes. Alpízar niega que esas fiestas sirvieran para tales propósitos.

Los temas en esa mesa, algunos de los cuales vienen referidos vagamente en la investigac­ión de la Suprema Corte de Justicia sobre Zaldívar, fueron:

1.- Emilio Lozoya. Scherer primero y luego el fiscal Alejandro Gertz Manero, negociaron con él para que, a cambio de su libertad, implicara a priistas y panistas en el caso de la corrupción de Odebrecht (que se ha venido cayendo a pedazos), la venta de la planta de fertilizan­tes Agronitrog­enados de Alonso Ancira para obligarlo a venderla a un empresario muy cercano de Scherer, que había financiado campañas de López Obrador, que tampoco resultó como deseaban, y el Caso Fertinal, que querían quitárselo a Ricardo Salinas, sin tener éxito tampoco.

2.- Ayotzinapa. En la mesa se acordó culpar a funcionari­os del gobierno de Enrique Peña Nieto y meter a la cárcel al exprocurad­or Jesús Murillo Karam, acusándolo de encubrimie­nto de un crimen de Estado. Hasta hoy, que se encuentra bajo proceso en su casa, el gobierno no ha podido sostener su teoría ni tampoco sus investigac­iones han avanzado más allá de donde las dejó Murillo Karam. La idea de meter a militares en la cárcel por la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa no fue un tema de la mesa, pero la investigac­ión entró en una contradicc­ión por la lucha entre civiles y militares, que aún prevalece.

3.- Genaro García Luna. El exsecretar­io de Seguridad Pública fue utilizado por el presidente como instrument­o para golpear al expresiden­te Felipe Calderón. García Luna fue detenido en Dallas y encontrado culpable por un jurado en Nueva York de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, pero hasta su captura en Estados Unidos no había ninguna investigac­ión en México. Las que se construyer­on posteriorm­ente a su detención, se han ido cayendo.

4.- Luis Cárdenas Palomino. El coordinado­r de Inteligenc­ia de la Policía Federal, bajo el mando de García Luna, fue detenido por su probable responsabi­lidad en la tortura de varios miembros de una banda de secuestrad­ores a la que perteneció la francesa Florence Cassez. Posteriorm­ente fue acusado de estar implicado en la Operación “Rápido y Furioso”. Un juez lo liberó por este caso, pero sigue en la cárcel por el caso de la tortura.

5.- Rosario Robles. Por razones personales más que políticas, López Obrador quiso que la encarcelar­an, acusada por los delitos del ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de emisión en el caso llamado La Estafa Maestra, por lo que estuvo tres años en prisión a partir de un fallo de un juez vinculado a la parte instrument­al de la Mesa de Judicializ­ación, sobre la base de una prueba, una licencia de conducir, apócrifa. Todavía enfrenta una acusación por delincuenc­ia organizada.

6.- Caja Libertad. Este caso tiene que ver con Juan Collado, contra quien había un viejo agravio del presidente -fue quien facilitó la difusión de los videoescán­dalos en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México-, y detenido por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuenc­ia organizada, y más adelante por posible fraude y defraudaci­ón fiscal. Collado denunció a Scherer de ofrecerle salir de la cárcel si vendía Caja Libertad, con la que no se pudo quedar el exconsejer­o jurídico.

7.- Infonavit. La Fiscalía General retomó el caso de un acuerdo reparatori­o en el Infonavit por la celebració­n de contratos firmados por funcionari­os del Infonavit y una empresa particular por presuntas conductas ilícitas. Durante el proceso se dieron denuncias de extorsione­s para obligar a pagar sumas multimillo­narias, y hasta hoy nadie de los implicados está en la cárcel.

La Mesa de Judicializ­ación perdió impulso con la salida de Scherer del gobierno en 2021, pero lo que quedó fue un mapa de colusión de funcionari­os, tráfico de influencia­s, uso indebido de facultades, violacione­s al debido proceso y a los principios en ley que rigen. Fue un mecanismo de corrupción institucio­nal que, si México fuera un país de leyes, varios secretario­s de Estado y funcionari­os de alto rango irían a la cárcel. La investigac­ión de la Corte no parece que tocará el núcleo de esta maquinaria ilegal y, en todo caso, llegará solo a jueces y magistrado­s, el hilo más delgado de esta madeja.

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