UIPES: una tarea de suma importancia para nuestra entidad

Apesar de la enorme penetración que por décadas ha logrado tener el narcotráfico en nuestra economía local, inoculando no sólo las actividades comerciales lícitas sino también el ejercicio del poder público; no nos queda claro cómo es que pasó casi inadvertido (social y mediáticamente) un hecho tan relevante como lo fue la aprobación que se dio el pasado viernes en el Congreso del Estado, donde después de meses de discusión y análisis, por fin fue aprobado el decreto por el cual se crea en Sinaloa la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica ( Uipes).

Pudiera pensarse que este organismo es uno de tantos más que se crean por acuerdos legislativos y que, como suele pasar en la mayoría de esos casos, quedan simplemente en buenas intenciones y utópicas pretensiones, ya que finalmente muchos de ellos terminan en letra muerta porque no hay capacidad presupuestal para ponerlos en operación. Sin embargo, en este caso en particular, hay que reconocer la atinada decisión que tuvieron todas las fracciones parlamentarias, las cuales votaron para tipificar en nuestro Código Penal el delito de lavado de dinero, creándose además, un área de inteligencia exprofeso. Con la creación de esta dependencia ( Uipes) se podrá investigar y sancionar una práctica que podríamos calificar de invasiva y alquimista, pues además de que se extiende como cáncer a casi todos los sectores productivos, utiliza la magia del contubernio para convertir en lícito las ganancias procedentes de actividades ilícitas.

Sólo basta recordar como en últimas fechas, los ciudadanos hemos sido testigos de los avances que a nivel federal ha tenido la muy conocida Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual data ya desde mayo del 2004, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación su decreto de creación, por el que se reformó tanto el Reglamento Interior de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, como el concerniente a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Esta dependencia, que había venido trabajando desde entonces con un bajo perfil, ha cobrado en los últimos años una preponderancia tal, que no pocos son los que le señalan de ser instrumento para uso político y hasta represivo. La verdad es que hasta el momento nadie ha podido comprobar que las investigaciones y resoluciones llevadas a cabo por la UIF, carezcan de ese rigor técnico, metodológico y procedimental que se establece en su reglamentación interna, y cuyas potestades se sustentan tanto en las conductas de dudosa procedencia que establece el artículo 400 bis del Código Penal Federal, como en las llamadas actividades vulnerables que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Con este decisión de la actual legislatura, se le da seguimiento al convenio que el Gobernador del Estado signó con la UIF el 18 de marzo del 2020, lo que desde entonces derivó en la creación de nuestra Uipes pero sólo a nivel de un acuerdo gubernamental, por lo que si bien fue un paso importante, se requería dotar a esta área de una mayor institucionalidad y fundamento legal, hecho que se logra con este decreto recientemente aprobado, el cual ahora deberá ser promulgado por el propio ejecutivo estatal. Con la creación de la Uipes se da, pues, otro paso muy importante para combatir la corrupción y el tráfico ilegal (narcóticos, armas, personas, etc.) pero desde una óptica distinta a la desafortunada represión armada frontal, la que lamentablemente ha dejado cientos de miles de víctimas directas e indirectas. Con la inteligencia financiera, la lucha contra estos delitos centra su prioridad en debilitar financieramente las operaciones ilícitas, a través de la detección oportuna de aquellas transacciones que les permiten blanquear de sus ganancias. En el marco de estas estrategias, algo que se vuelve indispensable es el uso de las tecnologías y el intercambio de información entre los poderes del Estado, de ahí la importancia de que Sinaloa se haya sumado por fin a los estados que ya han creado sus propias unidades de inteligencia patrimonial y económica. Todas estas entidades tienen por tanto la obligación de establecer una verdadera coordinación interinstitucional, independientemente de que su adscripción sea dentro de las fiscalías (como el caso de Sinaloa), o bien como sucede en otras entidades donde forman parte de las secretarías de Finanzas o de Seguridad Pública. Por último, hay que destacar que esta decisión, la cual fue impulsada originalmente por la diputada Victoria Sánchez, y respaldada por legisladores de su mismo grupo parlamentario, contó la venia de todas las demás fracciones y, particularmente, con la voluntad política del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien en todo momento se mostró convencido de que este tipo de estrategias significa verdaderos tiros de precisión para combatir a la delincuencia organizada.