Los rumanos y su red
En la mañanera del 26 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a la secretaria de Seguridad Ciudadana que atendiera al rumano Florian Tudor, presunto líder de una mafia de origen rumano que opera en Quintana Roo, acusada de dedicarse a la clonación de tarjetas en las principales zonas turísticas del país. El rumano había pedido "ser escuchado" por las autoridades del Gobierno de la República: uno de los asistentes a la mañanera ocupó su espacio, estratégicamente, para sacar a relucir el tema. López Obrador respondió que el asunto había sido poco tratado por su gabinete de seguridad y giró la instrucción a la nueva secretaria, Rosa Icela Rodríguez, para que lo atendiera. La funcionaria se reunió en privado con Tudor a principios de marzo. Fuentes de la Secretaría indican que lo escuchó en silencio y recibió la documentación que el rumano exhibió, entre otras, varias denuncias contra funcionarios y exfuncionarios de Quintana Roo a los que acusa de extorsión.
Los documentos probarían lo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, había advertido: al menos seis funcionarios locales estarían involucrados en la red de protección institucional que ha permitido operar la clonación de tarjetas en Quintana Roo.
En febrero de 2017 el FBI detectó la existencia de una mafia de clonación de tarjetas que alteraba cajeros automáticos y se hacía de la información de los plásticos a través de Bluetooth. Esos cajeros -casi 30- se hallaban repartidos en Cancún, Cozumel, Tulum y Playa del Carmen.
La información fue compartida con autoridades mexicanas: en cada una de las máquinas se realizaban entre 80 y 200 operaciones diarias. Las tarjetas eran ordeñadas en pequeñas cantidades -100 dólares máximo- para no levantar grandes sospechas.
En marzo de 2019, Tudor fue detenido en un retén montado por el Grupo de Coordinación de Seguridad Ciudadana en Quintana Roo. Algunos inmuebles fueron cateados por elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo entonces de Alberto Capella.
El seguimiento de la UIF arrojó la existencia de empresas inmobiliarias y casas de cambio ligadas al grupo que presuntamente encabeza Tudor, conocido como el Tiburón. De acuerdo con las pesquisas, la tarea de estas empresas consiste en bancarizar el dinero obtenido de la clonación.
Santiago Nieto bloqueó en febrero cuentas por más de 500 millones de pesos, de 72 personas físicas y morales. Reveló que la unidad a su cargo había identificado a seis políticos y funcionarios "que generaban mecanismos de protección a los delincuentes a cambio de algún beneficio".
El secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, involucrado con la detención y los cateos realizados a inmuebles propiedad de Tudor, fue separado del cargo a principios de noviembre de 2020, luego de que una protesta feminista fuera repelida a tiros por la policía de Cancún.
Al día siguiente, una agencia de seguridad de alto nivel le advirtió que la mafia rumana había dado la orden de asesinarlo. Capella salió del país esa misma noche y se desconoce su paradero.
Aparte de las investigaciones seguidas en México por la UIF y la Fiscalía General de la República, en Estados Unidos hay cuatro investigaciones en curso contra la mafia rumana de Cancún. Tudor ha publicado una carta abierta denunciando una campaña mediática de desinformación, en la que aclara que no aparece en ninguna de las cuentas bloqueadas por la UIF y no tiene notificación alguna de que se le esté investigando.
Santiago Nieto ha señalado que una red de corrupción judicial le ha dado al grupo criminal un halo de protección jurídica "para el no ejercicio de la acción penal".
Fuentes de seguridad aseguran que la red de vínculos de la clonación de tarjetas a nivel nacional está a punto de ser develada, y que pronto veremos un puñado de órdenes de aprehensión.