Protección a los denunciantes
Anivel global existe un consenso respecto a la relevancia de la figura de los whistleblowers,
“alertadores” o “denunciantes” en español. Tanto el sector público como el privado coinciden en la preeminencia de la formulación de políticas para su protección eficaz como un instrumento en el fortalecimiento de la ética e integridad.
Conscientes de la importancia de este tema y del impacto que tiene esta figura como herramienta en la lucha contra la corrupción, las Entidades de Fiscalización Superior integrantes del Grupo de Trabajo de la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) aprobamos la creación de un equipo de trabajo para el desarrollo de unos Lineamientos sobre Protección a Denunciantes.
Dicho grupo, integrado entre otras por las EFS de Austria y Omán, está bajo el liderazgo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y busca, a través de la elaboración de los lineamientos, proveer a las diferentes Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de criterios orientadores que, con independencia del modelo al que respondan, permitan la salvaguardia de las personas que reporten conductas ilícitas o incorrectas. Lo anterior partiendo del hecho de que las denuncias son herramientas que pueden mejorar la gobernanza y crear organizaciones y Gobiernos apegados a la ética y a la legalidad.
Debemos recordar que, el término
whistleblowers tiene su origen a principios del siglo XIX, cuando los policías británicos silbaban su silbato para alertar a sus compañeros policías o al público sobre un delito o sobre alguna situación de peligro. Actualmente se le conoce como denunciante a aquella persona que, en el sector público o privado, divulga información a la propia organización, a las autoridades pertinentes o al público en general, sobre cualquier irregularidad, acto de corrupción o hecho constitutivo de delito, peligro o fraude. El propósito de los sistemas de protección a denunciantes es salvaguardar a las personas de la exposición y las represalias en contra. Dichos sistemas existen en distintos espacios, como el deportivo: el Comité Olímpico Internacional, a través de su Agencia Mundial Antidoping cuenta con un mecanismo de protección a alertadores o denunciantes de actividades de dopaje; distintas empresas, de los más variados giros, también cuentan con estos mecanismos, así como instituciones públicas.
La ventaja de contar con estos mecanismos se encuentra en evitar los costos económicos y en reputación que, para las distintas organizaciones (públicas y privadas) tienen los actos de corrupción o contrarios a la integridad. Además, son valiosos mecanismos que fortalecen la rendición de cuentas, la integridad pública y la adecuada gestión de cualquier institución.
En la importante lucha que se ha emprendido en contra de la corrupción, contar con un sólido sistema de protección a alertadores tiene dos ventajas: a nivel interno, contribuye a fortalecer la integridad y a disuadir posibles actos de corrupción; a nivel externo, la entidad es percibida como una organización más ética y confiable.
En esa medida, la ASF trabaja para contribuir en un modelo que permita a todos las EFS promover, revisar y actuar sobre la denuncia de actos ilícitos que contravengan la lucha contra la corrupción, siempre garantizando la protección a los denunciantes.