CorteIDH retoma caso contra Colombia tras retiro del Estado
El acto inédito de retiro temporal del Estado solo duró un día, ante la reanudación del juicio por parte de los dos jueces que no fueron recusados, quienes rechazaron el escrito presentado por el Estado
San José. Luego de un inédito retiro temporal de la representación estatal y de un intento de recusación contra los jueces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) retomó este lunes la audiencia por el caso de secuestro, violación y tortura que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000 en el ejercicio de su profesión y la alegada impunidad en la que permanecen los hechos.
La audiencia, que fue suspendida el pasado martes por una recusación del Estado contra 4 de 6 jueces que fue rechazada al día siguiente, se reanudó este lunes con el interrogatorio del Estado al periodista Jorge Cardona, en calidad de testigo; la declaración y el interrogatorio de las partes a María del Pilar Ospina como testigo del Estado; y la exposición de la perita Daniela Kravetz.
Declaración de testigo y perita
Ospina, quien ha sido fiscal, analista y asesora de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, expuso acerca de las leyes recientes con las que
Colombia busca implementar la justicia transicional y combatir la violencia de género, además de un protocolo vigente desde 2016 para la investigación de la violencia sexual. Ospina afirmó que ese protocolo “hace una caracterización de la violencia sexual y de género, implementa una perspectiva de género en las investigaciones y un enfoque en las víctimas”.
La testigo estatal aseguró que ese protocolo tiene herramientas para luchar contra prejuicios y mitos y contiene lineamientos específicos para cada etapa del proceso de investigación.
Ospina subrayó que el impacto más significativo de ese protocolo es que se trata de “un instrumento de aplicación diaria” y brinda “herramientas prácticas y sencillas” para las investigaciones.
Obligación del Estado
Por su parte, la perita Kravetz expuso acerca de la obligación de los Estados de la debida diligencia en la investigación de la violencia sexual y en particular cuando estos hechos ocurren contra las mujeres periodistas y las defensoras de los derechos humanos.
“Los Estados tienen la obligación positiva de proteger a quienes tienen un riesgo especial por el ejercicio de su profesión”, dijo la perita.
“La violencia sexual es empleada en un contexto de conflicto armado por actores estatales y no estatales con distintos fines: como represalia o castigo, para silenciar y deslegitimar su trabajo, para humillar y discriminar por su condición de mujeres”, explicó.
En ese sentido, Kravetz expresó que las investigaciones deben analizar el contexto, pues “ante hechos de violencia, incluyendo amenazas, es muy importante que los operadores de justicia tomen en cuenta el vínculo con las actividades profesionales”.