AMLO-CSG 6: CFE y ahora Pemex, antineoliberales en Estado neoliberal
En el escenario de tiempo de descanso de Semana Santa, el presidente López Obrador envió una ley para reformar el sector petrolero en la misma lógica de la reforma del sector eléctrico: recuperar, reconstruir y centralizar la acción del Estado por encima de los intereses empresariales.
Las dos leyes, sin embargo, correrán la misma mala suerte de ser congeladas en la fase judicial porque contradicen los límites de actividad predominante del Estado. En este sentido, la prioridad del proyecto lopezobradorista depende de la reforma constitucional del Estado a la reformas salinistas-zedillistas-peñistas para destruir el marco jurídico del Estado neoliberal. El modelo estratégico de Carlos Salinas de Gortari para entronizar el proyecto económico-social-político neoliberal se basó en tres reformas claves: la del Estado, la del PRI y la de la Constitución. La primera estableció el límite de la economía pública con la hegemonía del mercado, la segunda desmontó la estructura ideológica del régimen posrevolucionario cardenista y se abrió a una alianza a la derecha panista neoliberal que cuajó con Fox y Calderón y la tercera le puso cerrojo legal al Estado neoliberal.
Las decisiones lopezobradoristas posneoliberales --aunque más bien preneoliberales, o, de manera más sencilla, antineoliberales-- han sido bloqueadas por el marco jurídico prexistente que, después de la privatización de la banca, le regresó el poder económico a la empresa privada en el modelo productivo anterior a la expropiación bancaria: una economía mixta de predominante Estado capitalista regulador. Los amparos al contenido de la ley eléctrica han sido acciones legales determinadas por la reforma constitucional del Estado.
Por lo tanto, la viabilidad estatista de la 4ª-T no va a depender de las furias neandertales de Manuel Bartlett Díaz como director de la Comisión Federal de Electricidad, sino de la urgencia de reformar al Estado en la Constitución para restaurar la preponderancia de la economía pública.
El cerrojo del modelo neoliberal salinista se dio en el Tratado de Libre Comercio que subordinó la autonomía de decisiones económicas mexicanas a tribunales contenciosos extranjeros. Los contratos suspendidos por las nuevas leyes de electricidad y petróleo podrán ser bloqueadas e inclusive anuladas por los compromisos pactados y firmados por México en el Tratado de 1993 y revalidados por las reformas al documento en 2018 con el aval del presidente electo López Obrador. En este contexto, el problema no es del imperialismo estadounidense ni de la subordinación de la empresa privada a tribunales extranjeros, sino de los candados legales, constitucionales e internacionales que dejó bien cerrados el presidente Salinas de Gortari y sin llaves de repuesto para abrirlos. Los primeros tres años de mayoría absoluta en la Cámara de Diputado, una sólida primera minoría en el Senado y un liderazgo personal indiscutible han sido insuficientes para superar las restricciones legales-constitucionales a sus reformas antineoliberales.
Sin una reforma del Estado, una reforma constitucional y una estructura de funcionarios e intelectuales a la altura de las propuestas antineoliberales, la 4ª-T se quedará a medio camino. Existiría la expectativa de mantener mayoría calificada con alianzas en la Cámara de Diputados en 2021 y 2024, la necesidad de reproducir esa mayoría calificada en el Senado en 2024 y una continuidad poselectoral propia o de grupo, pero aún así quedan los próximos tres años de expectativas antineoliberales embargadas en los tribunales judiciales. La dificultad del proyecto lopezobradorista no es de ideología ni de iniciativas, sino de las reformas salinistas del Estado, de la Constitución y del proyecto posrevolucionario. Sin reformas a esas reformas, las iniciativas del presiente López Obrador irán siendo inutilizadas por el bloque de poder económico empresarial México-EU que funciona a través del salinista Tratado de Libre Comercio como gobierno supranacional neoliberal.
En contra del proyecto neoliberal PRI-PAN-PRD vigente opera el fracaso social del desarrollo, la quiebra de las finanzas públicas y la corrupción, pero a favor no alcanzará el liderazgo personal si no va de la mano de una gran reforma al Estado para construir la legalidad de la nueva fase de la economía pública.
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