De ciudadanía y responsabilidad de los gobiernos
Desde los primeros minutos del 7 de junio se estarán conociendo las tendencias de resultados preliminares en la elección federal de diputados al Cámara del Congreso de la Unión. Siguiendo con el análisis de los probables escenarios: qué partidos tendrán mayoría en el Poder Legislativo federal. A partir de esa línea de análisis se retoma la investigación citada y publicada en el siglo XX, en 1997, sobre ese tema: “Democrática y cohabitación política en México”. Va la continuación, con las campañas políticas en Sinaloa ya iniciadas:
“Responsable (to be held accountable in front of): En cuanto lo que hacen los gobiernos, este concepto se refiere al grado al que los ciudadanos individuales pueden considerar que sus gobernantes han de responderles a través de algún proceso de consulta regular y no arbitrario. Responsividad (“responsiveness” en inglés): Designa la propiedad colectiva de una clase gobernante democrática que garantiza que las necesidades ciudadanas serán satisfechas, y por tanto, que el ejercicio del poder público será legitimado.
La necesidad de una ciudadanía responsable del proceso de consolidación de la democracia exige a su vez un gobierno que rinda cuentas a sus representados, que observe responsividad en sus funciones. La corrupción y el patrimonialismo fruto del corporativismo son los más grandes obstáculos que pueden presentarse a la democratización.
Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en México en el gobierno del expresidente Salinas: su ascensión al poder estuvo marcada por un proceso electoral que lo menos que podemos decir es que estuvo lleno de cuestionamientos en cuanto a la elección misma y que fue producto de una campaña desigual entre un partido con el apoyo y financiamiento del gobierno y un candidato apoyado por una insurrección ciudadana. Sin embargo, la gestión presidencial de Carlos Salinas se guió por una promoción al asistencialismo a la ciudadana y un afán de apertura comercial que llevó al país a una acelerada inserción en el mercado mundial.
DE PROGRAMAS SOCIALES, LEGITIMIDAD Y ELECCIONES
Del primer punto: El ofertar dinero barato a costa de deuda y venta de organismos y empresas paraestatales no puede dejar de interpretarse como una dadiva a una ciudadanía que había dado un voto de castigo al PRI. La responsabilidad no sólo se puede buscar en la clase gobernante y en Carlos Salinas de Gortari, el consumir lo que no se ha producido es parte importante de la crisis, y este consumo no sólo se puede atribuir a la corrupción.
Adicionalmente, la representatividad política que obtuvo ya en la Presidencia Salinas de Gortari fue muy importante y legítima: la ciudadanía votó por el PRI dándole un Congreso ampliamente mayoritario en 1991 y una cómoda diferencia de más de 20% al candidato presidencial en 1994. Adicionalmente, al inicio del gobierno del presidente Zedillo, hubo señalamientos de corrupción (implicando al hermano del expresidente, entre otros casos) que aunado a la debacle económica llevó a la ciudadanía a no refrendar su apoyo al gobierno en las elecciones de 1997. La interrogante que a la luz de estas consideraciones se nos presenta es: ¿aceptará el Ejecutivo cohabitar políticamente con un gabinete (secretarios de despacho) afín a la mayoría de la Cámara de Diputados? O bien, ¿continuará el Ejecutivo ejerciendo el gobierno con un gabinete de miembros y simpatizantes de su partido? La responsabilidad y responsividad del Ejecutivo federal es responder al llamado del pueblo, expresado en el voto ciudadano. Asimismo, es necesario recordar la responsabilidad ciudadana para enfrentar los retos de “lo que no es democracia”. Para México, un país en transición política, estos retos se presentan como pasos en el proceso de consolidación de la democracia” (Rigoberto Ocampo Alcántar: “Consolidación democrática y cohabitación política en México”; en Arenas: Revista Sinaloense de Ciencias Sociales; Nº 2; UAS, México, 1997).
PÁRRAFOS: DE REGLA DE LA DEMOCRACIA La cohabitación política de 1997 a 2000 tiene un elemento fundamental en el régimen político democrático mexicano: la institucionalización del órgano electoral autónomo. A la base de la función y consenso del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) estuvieron la primera alternancia en la presidencia de la república y la consolidación de la democracia en México, después de décadas de un régimen autoritario con centralidad en la acción política en la figura del presidente de la República. A 21 años de esa primera alternancia y a 24 de la primera cohabitación entre el Poder Ejecutivo federal y el Poder Legislativo federal, en dos meses los mexicanos volveremos a las urnas a una elección federal. Y de acuerdo a la principal regla de la democracia, va a ganar el candidato que más votos tenga en cada una de las 300 elecciones de diputados federales de mayoría relativa. Y desde los primeros minutos del 7 de junio, se conocerán las tendencias de resultados y que partidos tenderán mayoría en la Cámara de Diputados en Poder Legislativo federal en la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador. Así de sencilla es la democracia. Punto.