Los nuevos outsourceros
En las últimas tres semanas el gobierno de la 4T mantuvo bajo siete llaves el texto final de las modificaciones a la iniciativa del presidente sobre la Ley de Subcontratación.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, no lo compartía con ningún otro secretario, tampoco con los diputados y mucho menos con los organismos del sector privado.
Hasta ayer circuló entre un grupito de diputados un dictámen que puede ser el definitivo, o muy cercano al que se votará en el pleno durante la segunda quincena de abril por el pleno legisladores.
Aunque se derogan los artículos 15-A a 15-D de la Ley Federal del Trabajo, permanece el término “subcontratación” y plantea que entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Las disposiciones de la Ley del IVA, Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal entrarán en vigor tres meses después de la publicación. La STPS debe publicar las disposiciones generales del registro y las personas físicas o morales que presten servicios de Subcontratación deben obtenerlo en un plazo de tres meses a partir de la publicación.
Los posibles ilícitos que se hayan cometido antes de esta nueva ley serán sancionadas conforme a las disposiciones anteriores a este decreto.
Ayer se reunieron diputados de la Comisión del Trabajo para definir una hoja de ruta para los próximos 23 días. La idea es procesarla la próxima semana y publicarla fast-track el 1 de mayo. Los puntos más álgidos de la discusión entre gobierno e IP fueron el insourcing de los grandes corporativos y el PTU. Aunque Antonio del Valle Perochena y Carlos Salazar se fajaron, al final el gobierno los dobló.
En la letra chiquita del reparto de utilidades se establecen sanciones de 250 a cinco mil veces la UMA al patrón que no permita el desahogo de la inspección y vigilancia que la Secretaría del Trabajo ordene.
Y también multas de dos mil a cinco mil veces la UMA a quien realice subcontratación de personal sin tener el registro. ¿Pero quiénes son los verdaderos ganadores de la desaparición del outsourcing?
No son ni las empresas nacionales ni las extranjeras, tampoco el empleo, menos la inversión y mucho menos la competitividad de la economía. Sí algunos trabajadores.
Los dos grandes ganones son el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque con la onerosa carga fiscal que implicará para las empresas las finanzas públicas se verán beneficiadas.
Pero sobre los ganadores será el sindicalismo corrupto que representan Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores y Francisco Hernández Juárez, esencialmente.
Y es que lo que va suceder es que se tirarán a matar a través de los respectivos sindicatos de los que son dueños para contratar a los nuevos empleados de las mineras y maquiladoras que dirán representar.
Vamos tener líderes sindicales más ricos, trabajadores más pobres, empresas exprimidas y una espada de Damocles sobre los emprendedores y hombres de negocios.
ESTE MARTES AEROMÉXICO presentó a la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, la moción de los acuerdos alcazados hace un par de semanas entre la empresa que dirige Andrés Conesa y el Comité de Acreedores Comunes. Del asunto ya le había anticipado los puntos medulares. Básicamente se dio luz verde a los acuerdos de la compañía con sus susndicatos que le permitirán ahorros por casi 600 millones de dólares de aquí al año 2024. El sindicato de pilotos que está por asumir José Humberto Gual aportará alrededor de 340 millones, los sobrecargos que representa Ricardo del Valle otros 190 millones y los trabajadores de tierra que comanda Tomás del Toro aproximadamente 67 millones de dólares más. Lo interesante para los trabajadores es que tales contratos y sus respectivas aportaciones quedaron reconocidos por Aeroméxico como reclamo común y sus beneficios equivaldrán a un crédito o a acciones de la misma compañía que preside Javier Arrigunaga.
SE CUMPLIERON YA dos meses que fue extraditado Alonso Ancira y el todavía accionista principal de Altos Hornos de México no ve su salida del Reclusorio Norte. Pese y que había una suspensión contra la orden de aprehension que le habría evitado pisar la cárcel, o cuando menos entrar y salir lo más rápido, sigue batallando jurídica, política y burocráticamente. Uno de los tantos jaloneos con Pemex son las garantías e intereses sobre el pago de 200 millones de dólares a cuatro años que forma parte del acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero. Y aunque en el caso del segundo se fijó desde el primer día, se ha venido subiendo, bajando, quitando y volviendo a poner. El último dato era un interés mensual de 2.5% por los cuatro años. Las garantías quedaron ya en un fideicomiso en Banca Afirme, de Julio
Villarreal, el mismo que encabeza a los empresarios que le comprarán a los Ancira sus acciones de control en la acerera de Monclova, Coahuila.
GLOBAL INFRA QUE lidera Rafael Guzmán Cabeza de Vaca concluyó el proyecto ejecutivo para la construcción y diseño de la nueva torre de hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que lo convierte en el primero de América Latina con aisladores sísmicos que garantizan su funcionamiento contínuo ante cualquier catástrofe. Cuenta con 10 quirófanos inteligentes automatizados y salas de terapia intensiva de 28 metros cuadrados por encima de la media en México. Va ser uno de los grandes hospitales del país de tercer nivel. Posee la certificación de la OMS y la LEED Health Care V.4. Otros proyectos son el edificio de quimioterapia del Hospital General y Hospital General de Tlajomulco de Zúñiga, con 250 camas. También participa en la construcción de la vía secundaria de Puerto Morelos-Tulum del Tren Maya y realizó el Centro de Justicia Penal Federal de Villahermosa, primer edificio de Tabasco con certificación de Eficiencia Energética.
COMO SE VEÍA venir, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Margarita Ríos Farjat, no resolvió ayer el proyecto que desecharía los amparos de diversas organizaciones de productores de papa, aglutinados en la Confederación Nacional de Productores de Papa, que encabeza Gerardo García, contra la importación de papa fresca proveniente de Estados Unidos. Los ministros, léase también Norma Piña, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo, discutieron el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, que plantea la apertura. Sin embargo, no llegaron a consensos por lo que dejaron listado el caso para las siguiente sesiones, ya sea la del 14 o la del 21 de abril. Con ello se abre la puerta para que la Secretaría de Agricultura, que lleva Víctor Villalobos, lo vete, que es lo que piden los productores mexicanos.