La violencia feminicida
Alo largo de sus vidas, como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género, las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos: en el hogar, espacio público, escuela, trabajo, ciberespacio, comunidad, política e instituciones. Esto es cada vez más visible y no ha dado tregua en esta pandemia.
Lo ocurrido recientemente en un transporte urbano que transitaba en las calles de Culiacán, en donde una mujer fue apuñalada por su pareja, a pesar de las denuncias hacia su agresor, nos conmueven personal y colectivamente a demandar acciones que garanticen la seguridad, la libertad y todos los derechos humanos de las mujeres.
Es necesario reconocer que tanto leyes como las instituciones están siendo insuficientes, y que, ante la creciente violencia, lo fundamental no es la promesa de hacer justicia ante un feminicidio, se trata de proteger a las mujeres de sus agresores, esto es: evitar que la violencia escale a su manifestación máxima. Es por ello urgente sensibilizar a los primeros respondientes cuando las mujeres buscan la protección a través de un Tamizaje de riesgo de violencia feminicida a fin de identificar oportunamente la dimensión del riesgo.
El Senado de la República, por su parte, ha aprobado una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, que busca garantizar la protección máxima de mujeres con acciones precautorias y cautelares para quienes han padecido violencia y cuya integridad física y emocional esté en peligro, donde las órdenes de restricción se amplían hasta asegurar que no existan riesgos para las víctimas.
Esta reforma resalta la importancia de los tiempos de respuesta de la autoridad, la custodia en el domicilio o refugios temporales, así como la gestión de apoyo económico, esto representa un mensaje esperanzador para muchas mujeres que hoy son violentadas, y que temen más a la indiferencia y revictimización de la autoridad ante la denuncia, pues constituyen mayores consecuencias ante sus agresores.
Sabemos que el combate a la violencia feminicida requiere además un compromiso institucional, dotado de personal capacitado y presupuestal para llevarlo a cabo, y que las y los legisladores de nuestro estado refuercen los marcos normativos a la brevedad, hasta que la justicia se haga costumbre.