Celebran la vileza del delincuente

Mucho más pernicioso y trascendente que el desenlace político del repugnante caso Salgado en el Instituto Nacional y el Tribunal Electoral, o el de los crímenes sexuales que se le imputan; más inclusive que las funestas consecuencias que acarreará para los guerrerenses (cuya vida pública seguirá pudriéndose), es la guerra popular prolongada que la pendenciera 4T viene sosteniendo contra todo lo que no puede controlar, sobre todo las instituciones del Estado que para fortuna de la sociedad operan con autonomía.

Las reacciones oficiales a la amenaza de revelar domicilios vandalizables y el virtual llamado a turbas fanáticas para que asesinen a consejeros del INE, proferida por el sexópata de los güevos intocables, no dejan duda del peligro, como nunca antes, en que se encuentra la democracia mexicana.

Según el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, “en ningún momento hubo una amenaza para nadie. Ustedes conocen a Félix, cómo es de dicharachero, pero en ningún momento hubo ninguna amenaza. Juega todo el tiempo con la gente, pero ahí está su carrera, su trayectoria, siempre de manera pacífica…”.

¿Qué de lo dicharacheado no entendió en “si no se reivindican” los consejeros, “se los decimos de una vez: los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar. Y vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?”. “¿Les gustaría –preguntó a sus hordas– saber cómo está “la casita del cabroncito…?”.

Lejos de condenar tan siniestro amago, la responsable de la política interior del gobierno federal, Olga Sánchez Cordero, tuiteó como si el INE hubiera descendido a la banqueta de sus rijosos denostadores: “Hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos @INEMexico @PartidoMorenaMx”.

Pero a ninguno de los consejeros puestos en riesgo físico le viene el saco tan bien como al presidente López Obrador, quien ayer echó su gasolina al fuego y, aunque su toro para Guerrero cometió un delito prescrito en el Artículo 131 del Código Penal Federal (Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación), afirmó: “Nosotros jamás vamos a amenazar a nadie ni vamos a estar presionando a nadie…”.

Y respaldó al delincuente volviendo a descalificar al INE: “Yo no le tengo confianza”, espetó, atribuyéndole las falacias de no ser independiente ni autónomo sino una maquinaria de “fraudes” como el que, sin un triste dato probatorio, sigue neceando se cometió en 2006, cuando fue derrotado por Felipe Calderón.

Fuera máscaras: la tirada es moleculizar las instituciones.