Sospechosismo
El sospechosismo es inevitable. Este 10 de mayo, a menos de un mes de las elecciones, la Fiscalía General de la República dio a conocer que está investigando a Samuel García y a Adrián de la Garza, candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI y el PRD al gobierno de Nuevo León. Los dos vinieron de atrás en las encuestas para superar a Clara Luz Flores, la expriista que hoy es candidata por Morena. Quizá ese haya sido su delito.
La FGR no presentó acusaciones formales contra los dos punteros en Nuevo León, simplemente anunció que estaba realizando investigaciones sobre ellos. Para generar mayor interés mediático en pleno día de las madres, adelantó un mensaje en Twitter, dos horas antes, apuntando que "en breve" habría "información importante". La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encabezada por
José Agustín Ortiz Pinchetti, durante años colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador, está encargada de realizar las investigaciones. Ayer el propio mandatario dijo que apoya la decisión de la fiscalía "porque es un delito electoral". Esta declaración, sin embargo, podría ser considerada también violatoria de la restrictiva legislación electoral mexicana.
En México hemos visto muchas acciones judiciales que han parecido simples intentos por descarrilar candidaturas de la oposición. El proceso de desafuero de López Obrador en 2004-2005, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, por un presunto desacato contra una decisión judicial, fue quizá el más notable. El tabasqueño fue desaforado por el Congreso, pero el presidente Vicente Fox decidió no presentar la acusación penal en su contra. El entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, renunció al parecer por esta decisión política. Como no hubo acusación, López Obrador pudo postularse como candidato presidencial en 2006. El proceso de desafuero lo fortaleció con rumbo a la elección.
En 2018 el candidato del PAN a la
Presidencia, Ricardo Anaya, quien había prometido meter en la cárcel por corrupción al entonces presidente Enrique Peña
Nieto, fue sometido a una investigación por la Procuraduría
General de la República. El 28 de noviembre de 2018, dos días antes de concluir el sexenio, la
PGR se desistió señalando: "No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita". El daño a la candidatura, sin embargo, ya estaba hecho.
Hoy vemos estas inusitadas investigaciones contra García y De la Garza. El caso contra Samuel proviene de la UIF y es por aportaciones de familiares a su campaña, lo cual no sería ilegal si no se violan los límites. El de Adrián surge de "un gran número de denuncias ciudadanas" (o sea, de AMLO) y sería por haber entregado "tarjetas rosas" para dar subsidios a mujeres si gana la elección. El presidente ha señalado que esto es un delito electoral, pero si así fuera también habría lo sido su promesa como candidato en 2018 de que aumentaría las aportaciones a adultos mayores y a otros grupos si triunfaba en los comicios de ese año.
Preocupa que con la ley actual los presuntos delitos electorales requieran prisión preventiva oficiosa. En otras palabras, la FGR castigaría con cárcel a los acusados antes de procesarlos. Esto añadiría un toque de mayor injusticia a la creciente judicialización de los procesos electorales.
«Tengo la certeza absoluta de que se
me juzga no por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar». Andrés Manuel López Obrador, 7
abril 2005
MALA MEMORIA
Héctor Aguilar Camín y los periódicos The New York Times, Financial Times y El País, entre otros, apoyaron a AMLO en 2005 ante el proceso de desafuero. El presidente, sin embargo, ya lo ha olvidado y los acusa a todos de ser parte del complot internacional de conservadores que se oponen a su proyecto.