¡AMLO confirma que la justicia es circo!

Terca, como siempre, la realidad nos obliga a volver al tema de la ausencia de Estado de Derecho en México.

Y es que, como saben, en días pasados la organización que mide el Índice Global del Estado de Derecho --(WJP) por sus siglas en inglés--, reveló que México ocupa uno de los últimos lugares en corrupción y justicia.

Es decir, que en México la impartición de justicia está a la altura de Uganda, Camboya, Camerún y Congo; naciones de las más atrasadas del orbe.

Peor aún, el Gobierno de López Obrador parece empeñado en mostrarle a México y al mundo que la justicia y el respeto a la leyes son uno más de los “floreros” del populismo dictatorial de nuestro país.

Pero vamos por partes: ¿Qué es el Estado de Derecho?

En términos coloquiales se trata del imperio de la ley y la justicia sobre todas las instituciones del Estado, incluidos, claro, los ciudadanos.

Dicho de otro modo, que una democracia es estable cuando impera el respecto irrestricto de la ley y la rigurosa aplicación del derecho.

En México, sin embargo, el primero en violentar la impartición rigurosa de la justicia; en pasar por encima de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, es el propio presidente López Obrador.

El mismo mandatario que, en su toma de posesión, protestó respetar y hacer respetar la Carta Magna y sus leyes. El mismo presidente autoritario y dictatorial que, en los hechos, violenta a diario la Constitución y destruye los contrapesos; el mismo que a diario es traicionado por el subconsciente que le hace reconocer en cadena nacional de radio y televisión, el desprecio que siente por la división de poderes.

Por ejemplo, apenas el día de ayer, en su perorata mañanera, Obrador reconoció de manera pública que en su Gobierno y en el Gobierno de Ciudad de México las Fiscalías respectivas no son autónomas y están “sí y solo sí” al servicio del presidente.

Así lo dijo, López Obrador, al referirse a la impunidad que prevalece y seguirá existiendo en la tragedia de la Línea 12 del Metro.

“En ningún caso hay el propósito de proteger a nadie y Marcelo les puede explicar eso; a lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia, o que depende de la jefa de Gobierno, le iba a hacer juicios a Marcelo… Y como se quedaron con las ganas, deben estar enojados; por eso deben respirar profundo para no enojarse y estar serenos”.

¿Qué significa la anterior declaración del presidente mexicano?

1.- Que Claudia Sheinbaum no es la jefa de Gobierno de CDMX sino una empleada más de López Obrador.

2.- Que si el presidente no respeta la autonomía de la capital del país, menos respeta la autonomía de la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, encomendada a otra mujer, Ernestina Godoy.

3.- Que en el caso de la tragedia de la L12 del Metro, desde Palacio se dictó la línea para otorgar impunidad no solo a Marcelo Ebrard --el preferido del presidente--, sino para solapar la responsabilidad de las empresas de Carlos Slim. 4.- Y sí, que el mandatario mexicano es el principal violador de la Constitución; violador del Estado de Derecho y de la impartición de justicia.

Por esas razones, en los primeros tres años del Gobierno de AMLO México cayó a los últimos lugares de Estado de Derecho en impartición de justicia en el mundo. Y esa ausencia de Estado de Derecho se llama ingobernabilidad, sea en China, sea en México.

Pero hay más.

Si aún existen dudas de la inexistente división de poderes y del peso vertical y autoritario de López Obrador, basta recordar que ayer mismo, el mandatario dio a conocer que “recomendó” a los nuevos gobernadores de filiación “morenista”, el nombre de quienes ocuparán la titularidad de la Seguridad Pública en esos Gobiernos.

¿Y qué significa esa casual “recomendación”?

Está claro que se trata, de nueva cuenta, de violentar la división de poderes y la autonomía de las entidades federativas.

Peor aún, es la confirmación de que desde Palacio se decide el nombre de los encargados de la seguridad en las entidades que ganaron Morena y el crimen organizado.

Dicho de otro modo, resulta que desde Palacio continúan pagando facturas a los grupos criminales; los mismos que financiaron la construcción de morena y que ahora estarán al frente de Gobiernos como los de Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas.

Pero tampoco es todo.

Es posible que Rosario Robles quede en libertad hoy mismo, luego que por más de dos años estuvo presa por orden de López Obrador quien, a través de un juez a modo, violó la Constitución para llevar adelante su venganza.

Sí, el caso Robles confirma que

Obrador es el principal violador de la Constitución y que su Gobierno ignora el Estado de Derecho elemental. Al tiempo.