La UNAM, juez y parte
EN EL CASO del análisis de la tesis de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), existen diferentes dudas sobre cómo va actuar el Comité Universitario de Ética de la UNAM. Existen elementos que en un momento dado podrían acreditar que Esquivel Mossa es la autora original de la obra en cuestión, como lo son las pruebas técnicas y científicas. Y habría que sumar las confesiones de Édgar Ulises Báez y de Martha Rodríguez. Con todo eso en un proceso académico y legal normal no habría duda que ella escribió la tesis y fue víctima de un linchamiento.
Sin embargo, la UNAM y su rector, Enrique Graue, se han metido en un asunto problemático jurídicamente, debido a que no se sabe bien cuál es el propósito de la convocatoria que le hicieron. Algunos presionan con la idea de que se le anule el título, pero esa facultad no la tiene la UNAM y no cuenta con un procedimiento para hacerlo, de modo que si lo intentara, la resolución se caería de inmediato con un amparo.
Por otro lado, la manera como han anunciado el aparente enjuiciamiento carece de la parte más elemental en todo proceso: si le piden a Esquivel “que se defienda”, la pregunta inmediata es ¿de qué se le acusa y quién es el acusador?
Hasta ahora no existe una acusación jurídica formal y si se entendiera que dado que el rector Graue envió el caso al Comité de Ética, él estaría actuando como acusador.
En esa tesitura el procedimiento quedaría viciado de inmediato porque la UNAM sería, al mismo tiempo, juez y parte, exactamente como la antigua inquisición.
Total que ahora Graue y compañía no saben cómo salir del laberinto en el que se metieron. Lo único que les queda es realizar un proceso público y transparente.
LA MINISTRA PRESIDENTE de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, se ganó muchísimas simpatías al no levantarse a saludar a Andrés Manuel López Obrador a su llegada al Teatro de la República, en Querétaro, en el acto de conmemoración de la promulgación de la Constitución. Pero se echó a la bolsa a los opositores a la 4T explicando que eso es más democrático y menos monárquico. Hablan de que rompió el protocolo, pero debió estar al lado del presidente, quien optó por cobijarse con los secretario de Gobernación y de la Defensa. La pregunta: ¿tiene que pararse una dama cuando entra su par? La respuesta en una monarquía es: “siempre”, pero en una República es “no”. Se les olvida el desaire de Nancy Pelosi cuando entró Donald Trump a rendir su informe. Ella no se paró, ni siquiera cuando le quiso entregar su informe.
LA RECIENTE VISITA de Jane Fraser a México fue muy productiva. Aunque no tienen todavía ganador de Banamex y no se lo pudieron comunicar al presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandamás de Citi sí tuvo oportunidad de reunirse con el empresario minero Germán Larrea, lo que vuelve a levantar las expectativas del presidente del Grupo México. Daniel Becker sigue en la puja. Lo que va definir al ganador es el esquema que pongan en la mesa para hacerse cargo de los pasivos contingentes. El inquilino de Palacio Nacional externó su deseo de anunciar al nuevo dueño el mismo día que Citi lo reporte a los mercados. Un día que por ahí se mencionó es el 17 de marzo, cuando López Obrador inaugure la Convención Bancaria en Mérida.
POR CIERTO QUE el Juzgado 71 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia resolvió la semana pasada que es fundado y procedente el incidente de reclamación de medidas cautelares promovidas por los abogados de Banamex, Javier Quijano y Javier Cortina. Estas medidas instauradas el 9 de junio del 2022 y solicitadas por Oceanografía fueron declaradas improcedentes. En consecuencia se dejaron sin efectos y se ordenó el levantamiento total para todos los efectos legales a que haya lugar. Esta demanda es uno de los principales pasivos contingentes que le quitan el sueño a Germán Larrea. Y es que Amado Yáñez reclama el pago de unos 5 mil millones de dólares. Este recurso que le dieron a su adversario no le preocupa al excontratista de Pemex.
EL VIERNES ANUAR y Luis Maccise enviaron una oferta no solicitada de compra del 50 % de Radiópolis a Grupo Prisa. Los dueños de Grupo Capital Media se la notificaron directamente a Joseph Oughourlian, fundador de Amber Capital, el socio mayoritario y de referencia del conglomerado español de medios. Como le he venido platicando, los Maccise se han reunido en paralelo con los tenedores del otro 50 % que está en manos de Miguel Alemán Magnani, Javier Mondragón y en menor medida con Crédito Real, que dirige Felipe Guelfi. Si Oughourlian les acepta la oferta, los empresarios mexiquenses prácticamente se enfilarían a tomar la operación de esta cadena de radio.
HACE UNA SEMANA el gobierno de la 4T perfiló el cierre de Aeromar. Ya le pusieron fecha fatal: 15 de febrero. En una reunión encabezada por el administrador del Aeropuerto Internacional de la CdMx, el general retirado Carlos Velázquez Tiscareño, el mando castrense se impuso a los civiles: la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que no estuvo muy de acuerdo con este paso, y el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, que no le quedó otra que allanarse. Velázquez llegó con la instrucción mayor para proceder. Ya no estuvo dispuesto a esperar el planteamiento del único interesado, el empresario brasileño Mauricio Souza, dueño de la aerolínea Nella Airlines.
PUES NADA, QUE el vocal del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Jaime Alejandro Gutiérrez Vidal, fue ratificado por oooooootros ocho años. Le había dicho que este funcionario ni cumple con los requisitos ni en los primeros ochos que cumplió ha logrado resarcir gran cosa al IMSS o al SAT en la liquidación de empresas. Al final pudo más el cabildeo del magistrado Indalfer Infante con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien fue la que ratificó a Gutiérrez. Tache para Norma Piña, pues por equidad de género el puesto le correspondía a una mujer. Le pasaron una bola rápida y cayó.
FÍJESE QUE LA Procuraduría Fiscal de la Federación, que comanda Félix Arturo Medina Padilla, le acaba de presentar una nueva querella a Sofftek Servicios y Tecnología y a su principal representante, la empresaria regiomontana Blanca Treviño. Es por la evasión del pago del Impuesto Sobre la Renta, a través de la figura de asimilados a salarios, un asunto que no es nuevo para la empresa desarrolladora de software. El expediente no es para nada una cosa menor, pues ronda los 170 millones de pesos y corresponde al ejercicio fiscal 2017.