Entre la colaboración y la independencia: el papel del Estado y la iniciativa privada en México
En México, la relación entre el Estado y la iniciativa privada es crucial para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Ambos tienen roles importantes y, cuando trabajan juntos, pueden lograr grandes cosas para el país. La iniciativa privada es especialmente significativa, ya que genera alrededor del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y proporciona el 73 por ciento de los empleos. Además, en México existen aproximadamente 4.9 millones de empresas, lo que muestra la fuerza y el impacto de este sector en la economía y la creación de empleo.
El Estado tiene la responsabilidad de crear un ambiente justo y equitativo para todos, asegurando que cada persona tenga acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda de calidad. Esto es esencial para que todos tengan las mismas oportunidades de éxito. La educación debe preparar a los ciudadanos para los retos del futuro, la salud debe ser accesible y eficiente para todos, y la vivienda debe ser digna y segura, permitiendo el desarrollo personal y familiar. Para el óptimo desarrollo de la iniciativa privada en México, resulta crucial que el Estado asegure un entorno propicio, marcado por la competencia justa y un desarrollo sostenible, promoviendo la innovación y el crecimiento económico. Sin embargo, la presencia de obstáculos como la interferencia excesiva del Estado, la falta de un estado de derecho consolidado, la ausencia de certeza jurídica, la prevalencia de inseguridad y las prácticas de extorsión gubernamental hacia las empresas, mediante cobros injustificados, constituyen barreras significativas que deterioran el entorno empresarial. Estas dificultades se ven reflejadas en el hecho de que México ocupa el cuarto lugar en el ranking de los países más difíciles para hacer negocios, según la décima edición del Global Business Complexity Index. Estos desafíos no solo minan la confianza de los inversores y limitan las operaciones eficientes de las empresas, sino que también restringen su capacidad para contribuir al progreso económico y social del país.
En el contexto de la economía moderna, el papel del Estado como regulador y facilitador del crecimiento económico cobra especial relevancia. La intervención estatal, entendida en términos de redistribución de ingresos, ajuste de variables económicas y salvaguarda de la libertad económica, se sitúa en el centro del debate entre la promoción de un mercado libre y la regulación económica por parte del gobierno. En este equilibrio, la experiencia de América Latina, y en particular de economías como Colombia, Perú y Venezuela, ofrece lecciones valiosas. La evidencia sugiere que una intervención estatal dirigida a crear igualdad de oportunidades y a atraer inversiones es crucial para estimular el crecimiento económico. Sin embargo, es fundamental que esta intervención no se traduzca en una injerencia que restrinja las dinámicas del libre mercado. En casos extremos, como el de Venezuela, una intervención excesiva ha demostrado ser contraproducente, llevando a la economía al borde del colapso.
Para lograr una sociedad más justa y próspera, es esencial que tanto el Estado como la iniciativa privada reconozcan y respeten sus roles, colaborando para el “bien común”. Esta sinergia puede ser una fuerza poderosa para el desarrollo, siempre que se base en principios de equidad, justicia y sostenibilidad. La cooperación y el respeto mutuo entre el Estado y la iniciativa privada son clave para alcanzar una prosperidad compartida por todos.