¿Quién sigue?
La detención del general Salvador Cienfuegos, el jueves de la semana pasada, dejó a todo mundo estupefacto. Empezando por él, obviamente. Lo detuvieron con toda facilidad a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, acompañado de toda su familia. No tenía, por lo que se ve, la más remota idea de que había en su contra una orden de aprehensión, girada desde hacía más de un año. A pesar de su estatura, rango, importancia pública y experiencia, da la idea de que el señor general se entregó como un corderito. Cienfuegos se suma a la lista de capos y exfuncionarios mexicanos que están quedando atrapados en un circuito judicial que conecta con acusaciones de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y demás conductas delictivas en las que caben varias cadenas perpetuas para los participantes en una red de complicidades.
Aunque el sistema judicial estadounidense lleva varios años procesando capos mexicanos de todo calibre -de los cuales no sólo toma capitales y bienes, sino obtiene información, testimonios y pruebas sobre el quién es quién del crimen organizado-, es la primera vez que los personajes acusados son exfuncionarios del más alto nivel del gobierno de México.
Por los personajes, por el alcance de los juicios y porque todo apunta a que el asunto no quedará en los nombres de los acusados que ahora conocemos, lo que está sucediendo en Estados Unidos puede convertirse en un tsunami para México.
El procesamiento judicial y eventual colaboración de personajes como Édgar Veytia, el exfiscal nayarita; Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y, ahora, el general Salvador Cienfuegos, además, por supuesto, el juicio de El Chapo Guzmán, sugieren que podemos estar en la configuración de lo que se conoce como un maxiproceso, por crímenes cometidos en México y Estados Unidos, que podría llevar a una parte de la clase política mexicana, incluidos militares, gobernadores y otros exfuncionarios, a procesamientos judiciales.
Durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera se presentaron toneladas de pruebas, incluidos testimonios juramentados, grabaciones, intercepciones, mensajes desencriptados y todo tipo de evidencias que no sólo refundieron a El Chapo en una cárcel de por vida, sino que mostraron desde cuándo los fiscales están investigando a la parte mexicana relacionada con los crímenes de la delincuencia organizada.
Algo cambió en la ecuación de la relación México-Estados Unidos que, lo que no habíamos visto, ahora lo estamos viendo: funcionarios del más alto nivel, otrora responsables directos de combatir al crimen organizado, y colaboradores diligentes de sus contrapartes norteamericanas se debaten ahora entre enfrentar los juicios o convertirse en colaboradores e informantes de la justicia norteamericana.
Hoy sabemos que a Genaro García Luna le imputan delitos y participación directa con el narcotráfico, por lo menos, desde 2001, justo el año de la primera fuga de El Chapo. La periodista Anabel Hernández publicó en su libro México en llamas que el general Cienfuegos fue señalado por Sergio Villarreal, alias El Grande, por prestar servicios a la delincuencia organizada justo el año en que estaba siendo nombrado como secretario de la Defensa por Enrique Peña Nieto. El Grande dijo hace por lo menos 8 años en declaración juramentada que los Beltrán Leyva contaban con la ayuda del encargado de la zona militar, es decir, quien estaba a punto de ser nombrado secretario de la Defensa Nacional.
Si, como todo apunta, estamos en la antesala de la configuración de un maxiproceso, la pregunta será hasta dónde podría llegar, dado que después de un secretario de Seguridad Pública o un secretario de la Defensa, lo único que sigue en jerarquía es la figura de un presidente. ¿Llegará a esos niveles lo que ya está echado a andar en Estados Unidos? Más temprano que tarde lo sabremos. Por lo pronto, el general Cienfuegos seguirá su proceso en la misma Corte en que se procesa a Genaro García Luna, la misma Corte en la que fue enjuiciado El Chapo Guzmán y en la que, es de suponerse, serán enjuiciados todos los demás.