CREEL: 12 AÑOS SIN ACCIÓN DE LA JUSTICIA
Reabren juicio contra asesino participante en masacre
Ayer se cumplió el octavo año del asesinato de los líderes barzonistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, y tanto familia como compañeros de lucha exigen justicia y la investigación a las mineras canadienses, filiales mexicanas y particulares a quienes resultaba incómodo el activismo de la pareja para evitar la sobreexplotación de la cuenca del Río del Carmen, en la desértica región noroeste del estado.
Joaquín Solorio, líder barzonista y familiar de las víctimas, dijo que la principal preocupación en torno del caso radica en que por omisiones de la Federación no se avanza en las investigaciones en contra de los probables responsables y ahora que la Federación y el Estado se encuentran confrontados, menos se avanzaría en cuanto al esclarecimiento del asesinato.
La investigación que le corresponde a la Fiscalía General del Estado, ha tenido grandes avances en el último año, pero todavía están pendientes las órdenes de aprehensión por ejecutar, por la falta de coordinación entre el estado y la federación, no de ahora del conflicto que está viviendo el Gobierno del Estado contra el
Gobierno de la República, sino que esto viene desde mucho tiempo antes.
Solorio, comentó que durante la pasada visita de AMLO a Juárez y Casas Grandes del pasado 11 de enero, abordó al presidente López Obrador para solicitar una entrevista con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para pedir enfoque en el tema.
“Nunca se me dio respuesta y volví a mandar ese mismo oficio que le entregué al presidente, al área de atención ciudadana y se contactaron conmigo, me dieron una respuesta por oficio diciéndome que ese tema se tenía que tratar en las mesas de seguridad en el estado, pero el tema está rebasado”. El pasado 1 de octubre, durante la última visita a Ciudad Juárez, comenta que también trató de abordar al presidente, sin embargo se reúso a bajar la ventana de la camioneta en que viajaba.
Aparte de justicia por el crimen de los activistas, piden también velar por el cuidado del medio ambiente y que López Obrador “sacuda de estas instituciones a funcionarios y funcionarias que, con su actuar, colaboran en el daño irreversible del medio ambiente de Chihuahua.
A decir de Solorio, las líneas de investigación en el caso de Ismael y Manuela, apuntan a que el crimen pudo haber sido planeado por menonitas que sobreexplotan los mantos acuíferos o a directivos de la minera canadiense Max Silver, y de sus filiares mexicanas Cascabel y Pozo Seco. El nombre de esta última resulta irónico.
“No se ha investigado a quienes estuvieron trabajando con las mineras, ni a los representantes, que son de Sonora, seguimos impulsando eso. Fueron dos años prácticamente perdidos, la carpeta estuvo son ningún cambio y es lo que nos preocupa, el Gobernador se comprometió a hacer justicia, pero con el cambio de gobierno y fiscales y todo eso, pues nos retrasa mucho”.