COMETIÓ FGE DELITO PENAL POR NEGAR INFORMACIÓN A TRIBUNALES FEDERALES: ABOGADO
Al ocultar y negar a los Tribunales Federales que existía una investigación desde el año 2017 en contra del senador Cruz Pérez Cuéllar, la Fiscalía del estado de Chihuahua cometió el delito de falsedad que es castigado de tres y hasta nueve años de cárcel, según lo estipula el artículo 262 fracción primera de la Ley de Amparo.
Lo anterior lo advirtió ayer el abogado Héctor Villasana Ramírez, quien señaló que al momento en que el senador chihuahuense promovió el juicio de amparo para que se le informará sobre si existía una investigación en su contra y la autoridad estatal respondió en sentido negativo al Juez federal, sobreseyendo así el juicio de garantías, ahora que se da a conocer que efectivamente sí existe la carpeta de investigación número 19-2017-13994, hay una flagrante conducta ilícita tipificada con cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El referido artículo establece textualmente que “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:
I.- Al rendir informe previo o con justificación expresen un hecho falso o niegue la verdad”.
Esta misma situación aplica en el caso de la alcaldesa María Eugenia Campos, citó el abogado Villasana, quien refirió que si la FGE respondió en sentido negativo sobre la existencia de una investigación y ahora saca a la luz pública que sí hay investigaciones desde hace tres años por la llamada “Nómina secreta”, existe la clara comisión de un delito penal federal.
El litigante, quien ha llevado la defensa de diversos imputados en los llamados “Expedientes X”, afirmó que esta misma situación es lo que ha prevalecido y es el común denominador en otras investigaciones.
“Vemos investigaciones ocultas, fabricación de pruebas y luego solicitudes de órdenes de aprehensión totalmente inconstitucionales porque, pues qué necesidad de cautela y solicitar órdenes de aprehensión al senador y a la alcaldesa, si ambos tienen el arraigo perfectamente bien determinado, es decir.
Son figuras públicas que están ejerciendo sus cargos, ¿Por qué no los citan mejor ante el Ministerio Público?. ¿Por qué ocultar la investigación? y entonces permitirles defenderse con el expediente turnado ante el juzgador.
En mi opinión, incluso el Poder Judicial debe rechazar la solicitudes porque no hay necesidad de cautela”, mencionó.
Villasana apuntó que se ha violado el debido proceso en ambos casos, pues ambos políticos interpusieron los juicios de amparo, precisamente para defenderse ante posibles actuaciones de la FGE.
“Como bien lo dijo el senador (Pérez Cuéllar), hay un delito que la Fiscalía cometió, porque hay una falsedad ante un juez federal, respondiéndole que no había investigaciones, provocando que se declarará improcedentes los juicios de amparo, pero en la ultima semana resulta que siempre sí hay, ¿A qué se está jugando?, cuestionó.
“Siendo carpetas de investigación desde el 2017 como incluso el gobernador lo ha mencionado, ellos cometieron el delito grave ante la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado para hacer que se sobresea el mismo a sabiendas de que sí existe”, subrayó.
La falsedad es castigada con 3 o hasta 9 años de cárcel: abogado