■ Recomiendan esperar más para reapertura de fronteras
Aun año de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera una recomendación al Gobierno del Estado, para resarcir el daño a los pobladores de la colonia Rinconada los Nogales, ubicada a un costado de la fundidora de Ávalos, (quienes han estado expuestos durante años a la contaminación por los jales), no se ha cumplido con absolutamente ninguna acción.
Lo anterior lo informó ayer el vicepresidente del Congreso del Estado, Omar Bazán Flores, quien ha solicitado substanciar el procedimiento de cumplimiento de la recomendación que fue aceptada por el mismo gobernador, Javier Corral Jurado.
Es por ello que también ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) que también se proceda legalmente en contra de las personas involucradas en el desarrollo de los fraccionamientos, ya sea autoridades en su momento y desarrolladoras, ya que la exposición de dichas familias es por una cantidad en el aire de plomo, arsénico, cadmio, zinc, cobalto 40, aluminio, manganeso y mercurio, entre otros, que afectan su salud.
Por lo que mediante una iniciativa, “En virtud de lo anterior, pese a que la recomendación después de muchos intentos fue aceptada por el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, la realidad es que no se ha efectuado acción alguna, dejando a los afectados del Fraccionamiento Rinconada Los Nogales en estado de indefensión ante las acciones y omisiones de las autoridades responsables, por lo que la recomendación emitida y aceptada se encuentra en estado de incumplimiento.
No obstante que de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida recomendación tiene el carácter de pública y se emitió como lo señala el cuerpo de la resolución misma, con el propósito fundamental tanto de formular una declaración respecto de una conducta irregular cometida por personas servidoras públicas en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley y a fin de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1o, párrafo tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, se apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate, lo cual no ha acontecido pese a que fue aceptada por las autoridades responsables”, explica en un oficio el diputado representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Recordó que la colonia Rinconada de los Nogales cuenta actualmente con un total de mil 25 viviendas: en la etapa I, en el año 2004, se construyeron 100.
En la etapa 2, edificada en el 2005, se construyeron 570 y en la etapa 3, terminada en el 2006, 355 viviendas. Su creación fue aprobada durante la administración municipal 2004- 2007 en la modalidad de urbanización por etapas, dictámenes que fueron presentados en dos sesiones, el primero en septiembre y el segundo en octubre del 2005.
Se entregaron en pie de casa mediante crédito a trabajadores del municipio del gobierno estatal, aún y cuando se conocían los riesgos que implicaba en materia de salud pública.
De hecho, La Comisión Estatal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Coespris) manifestó en su momento a los medios de comunicación, que efectivamente el suelo, el agua y el aire se encuentran contaminados.
Lo único hasta ahora, es que solo unas pocas familias fueron reubicadas bajo la figura de comodato en casas que son indignas, pequeñas y degradan el nivel social en el cual habitaban en el fraccionamiento, por lo que se vieron en la necesidad de interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como también cuentan con una averiguación previa colectiva en la PGR AP.PGR/ CHIH/JUA/14/2016-II-B y mediante oficio 303/2018, se reconoció a los pobladores del fraccionamiento con el carácter de víctimas; también se interpuso una demanda colectiva vía civil, donde se emitieron algunas medidas cautelares en atención médica y la Secretaria de Salud sólo ha proporcionado atención medica de primer nivel, sin atender en su totalidad estas medidas.
Es por ello, que se solicita al Senado de la República, requieran la comparecencia de los servidores públicos mencionados en la recomendación aceptada, para que justifiquen el estado de incumplimiento y en su caso se ejerzan las acciones penales respectivas de resultar necesario.